El acuerdo de Escazú y la territorialización de políticas ambienta-les en Argentina
Escazú agreement and the Territorialization of environmental poli-cies in Argentina
Andrés Juan Alfonso“Por un lado, el que mira al país desde afuera y según convenciones que ya le vienen establecidas desde lo que llama “civilización” y que no comprende que es sólo la irradiación del pensamiento rector de los grandes centros, elaborado al margen -y muchas veces, en contra- de nuestra realidad; del otro, la posibilidad de partir desde nosotros mismos, según somos, para adquirir lo que es verdaderamente universal después de una filtración, a través de lo propio. Es la diferencia que hay entre adoptar y adaptarse”
Arturo Jauretche, “Pantalones cortos: de memoria” (2003)
La preocupación global por la degradación del ambiente ha llevado a la adopción de acuerdos internacionales destinados a mejorar la gestión ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Uno de los acuerdos significativos en esta materia es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en 2021 (Pérez Cubero, 2021). Se trata de un tratado regional que fomenta la transparencia, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El objetivo principal del acuerdo es fortalecer las capacidades institucionales de los Estados en la gestión ambiental, y al mismo tiempo, aumentar la protección y libertad de acción de la población ante los problemas ambientales. Asimismo, busca garantizar políticas que aseguren el pleno acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el ambiente y el acceso a la justicia en temas relacionados con el ambiente. En este sentido se deberá analizar de qué forma se ha intentado cumplir con lo acordado (Convenio de Escazú, s.f.)
Este convenio ofrece la posibilidad de implementar herramientas que garanticen la participación de la ciudadanía en la gestión ambiental que aún no se han aplicado en la República Argentina, como por ejemplo, el uso de registros de contaminantes (Convenio de Escazú, 2018). En el contexto de la protección ambiental, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) emerge como una herramienta esencial para divulgar datos sobre las emisiones industriales y su movimiento en el entorno (PNUD, 2023).
Sin embargo, para abordar los desafíos ambientales de manera efectiva, es relevante considerar la territorialización de políticas, mediante la adaptación de enfoques generales a las realidades locales. Esta territorialización se constituye como un proceso fundamental que demanda la revisión y mejora de las acciones de las autoridades públicas, al tiempo que exige una comprensión de los factores que influyen en la ejecución efectiva de dichas políticas. En este contexto, es importante reconocer que adaptar enfoques generales a realidades locales puede encontrarse con desafíos políticos y administrativos, que pudieron no ser tenidos en cuenta en su confección (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2020).
La aplicación de modelos de gestión en la Argentina
Las características de una nación son tan variadas como las naciones existentes en el mundo. No obstante, se puede esbozar lo siguiente. La República Argentina es un Estado federal compuesto por 23 provincias y una Ciudad Autónoma. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen a sus gobernantes y legisladores mediante sufragio di-recto. Además, cada provincia se encarga de organizar y mantener su propio sistema de administración de justicia (Almirón y López Calvo, 2020).
Algunos ejemplos de Estados federales son Alemania, Australia, Canadá e India, cada uno con diferentes niveles de autonomía para sus regiones y diversas estructuras de gobierno (Meekison, 2000).
En términos de población, Argentina ocupa el puesto número 33 a nivel mundial, con un aproximado de 44 millones de habitantes. En cuanto a territorio, el país se encuentra en el noveno lugar con una extensión de 2.8 millones de kilómetros cuadrados (Datos de libre acceso del Banco Mundial, s.f).
Argentina ha suscrito más de una docena de tratados internacionales orientados a la protección del ambiente. Entre ellos, se han ratificado por medio de leyes los siguientes convenios: el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional, y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (Acuerdos Multilaterales Ambientales y cooperación internacional, s.f).
En cuanto a la legislación nacional, la cuestión ambiental está reflejada en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con rango constitucional. En particular, el ar-tículo 41 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan los requisitos presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo." En 1994, con la incorporación del tema ambiental en la Constitución Nacional, también se concedió a las provincias la potestad sobre los recursos naturales1 y la autonomía correspondiente, que otorga la autoridad plena en materia ambiental (Arlettaz, 2023).
Además, en el artículo 41 se mencionan los "presupuestos mínimos", y se refiere a cualquier norma que proporcione una protección ambiental uniforme en todo el país, al tiempo que establece las condiciones necesarias para garantizar la preservación del am-biente. Su contenido debe contemplar las condiciones esenciales para asegurar la conservación ambiental y el desarrollo sostenible (Langbehn y col, 2020).
Dichas normas corresponden a la Nación, Provincias y locales; esta armonización es clave para asegurar que las normativas locales no solo respeten los estándares nacionales, sino que también se adapten a las particularidades de cada región. Al analizar esta relación, es posible destacar cómo cada nivel de gobierno contribuye de forma coordinada a la protección ambiental, e impulsar así las políticas en su conjunto (Ley N.º 25.675).
Además, existe una amplia cartera de leyes ambientales nacionales y provinciales, donde se destaca la Ley General del Ambiente (Ley N.º 25.675/2002).
1Se utiliza el término “Recurso Natural” porque así lo emplea el autor citado, además de estar expresado de esta forma en la Constitución Nacional. Otros autores, sin embargo, prefieren el concepto de "bienes comunes naturales; (cfr. Ivars, 2013).
El Acuerdo de Escazú,2 fue firmado a principios de 2018 en Costa Rica (Naciones Unidas, 2018) y Argentina lo ratificó en 2020 mediante la Ley 27566. Su promulgación representa una respuesta al requerimiento de una participación ciudadana efectiva y una mayor transparencia en las decisiones relacionadas con el ambiente en la región (Acuerdo de Escazú, s.f).
Este tratado ha sido identificado como un acuerdo singular por diversas razones. En primer lugar, destaca por ser el primer convenio ambiental en América Latina y el Caribe con un carácter vinculante. En segundo término, su importancia radica en el fortalecimiento de la relación cada vez más estrecha entre la salvaguarda del ambiente y los derechos humanos. Por último, resalta por contextualizar los avances previos plasmados en instrumentos anteriores, como la Convención de Aarhus (1998), en el marco de la realidad latinoamericana, donde factores como la diversidad cultural y la disparidad social desempeñan un papel fundamental. Así, en lo que respecta a cada uno de los derechos de acceso a la información, el Acuerdo insta a los Estados a eliminar las barreras que dificultan dicho acceso para personas en situaciones de vulnerabilidad o aquellas cuya lengua difiere de la oficial, tal como sucede en el caso de las comunidades indígenas (Gallego, 2019).
Convención de Aarhus como antecedente
La influencia de la Convención de Aarhus (1998) en el Acuerdo de Escazú es evidente: tanto sus objetivos como sus métodos son similares, y comparten el mismo enfoque. Además, ambos tratados son manifestaciones legislativas del Principio 10 de la Cumbre de Río (1992) (Sánchez, y Neris, 2020).
El Principio 10 en cuestión menciona que: los Estados deberán facilitar e incentivar la sensibilización y la participación de la población, y permite que la información se encuentre a disposición de todos. Aquí se pretende robustecer las democracias y la cohesión social, favorecer la confianza en las decisiones tomadas, reducir las desigualdades y prevenir conflictos socio ambientales. Aspira a una nueva definición de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. Además, apoya la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CEPAL, s.f.).
Desde una perspectiva política, el Acuerdo se alinea con los esfuerzos globales para avanzar en la agenda de desarrollo sostenible. En su primer artículo, en el cual se define su propósito, se establece que, además de su intención de implementar de manera efectiva los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, también intenta contribuir a "la protección del derecho de cada individuo, tanto de las generaciones actuales como futuras, a vivir en un entorno saludable y a lograr un desarrollo sostenible". De esta manera, los derechos consagrados en el Acuerdo se consideran como una parte integral de un proyecto con un alcance más amplio y trascendente (Gallego, 2019).
El Acuerdo de Escazú supera el mero hecho de ser un convenio sobre acceso ambiental; fortalece la democracia ambiental y encarna décadas de conciencia global sobre la compatibilidad entre ambiente y desarrollo. América Latina y el Caribe lideran este paso. En un contexto de crisis ambiental, desigualdad y cambio climático, el acuerdo es necesario. Coincide con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París y refuerza la interacción entre el Estado de derecho y el desarrollo sostenible. Propone un cambio en la relación humano-naturaleza y refuerza en el bienestar colectivo, prevención y derechos de futuras generaciones. El acuerdo ya influye en legislación y jurisprudencia y requiere su implementación (de Miguel, 2020).
2 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Escazú –República de Costa Rica–, el 4 de marzo de 2018. Entrada en vigor: 22/04/2021.
El RETC se ha convertido en una herramienta relevante en la gestión ambiental moderna. Su impacto proporciona una ventana transparente hacia el flujo de contaminantes en el entorno. Al permitir a los gobiernos, las empresas y el público en general acceder a información precisa sobre las emisiones y movimientos de contaminantes en el ambiente, el RETC desempeña un papel relevante en la consolidación de una mayor responsabilidad empresarial y la identificación de puntos críticos de contaminación (PNUD, 2023).
Los registros de emisiones y transferencias de contaminantes son sistemas de información que recopilan y divulgan datos sobre las emisiones de sustancias contaminantes al aire, agua y suelo, así como las transferencias de residuos generadas por industrias y fuentes puntuales y difusas UNITAR (1997).
En España, el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) es el encargado de recoger y proporcionar al público esos datos, se basa en la legislación internacional, propuesta en el Protocolo de Kiev y el Convenio de Aarhus, así como en la normativa europea, como el Reglamento E-PRTR (España, s.f.). Este es un ejemplo sobre Estados que incorporan los lineamientos generales a sus administraciones y organizaciones.
La finalidad de los registros es favorecer la transparencia y la participación pública en la gestión ambiental. Al poner a disposición del público información detallada sobre las emisiones y transferencias de contaminantes, se busca fomentar la toma de decisiones informadas y la adopción de medidas para reducir y controlar la contaminación. Los registros permiten a las autoridades ambientales, investigadores, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general acceder a datos relevantes sobre la contaminación generada por actividades industriales. Esto facilita la identificación de fuentes de contaminación, la evaluación de su impacto en el ambiente y la adopción de medidas para prevenir y mitigar los efectos negativos (PNUD, 2023).
En la actualidad, al menos 50 países han establecido RETC de forma completa o han implementado programas pilotos, como se muestra en la Figura 1. Se espera que se desarrollen más RETC en los próximos años, en países de Asia y América del Sur (TRI, s.f).
Dentro del continente americano podemos observar una relevancia de RETC activos en la región norte y centro, que se continúa por un incremento de actividades en el subcontinente sudamericano, a excepción de Chile y Guyana Francesa, que ya poseen registros activos.
Beneficios que aporta un RETC
El RETC ofrece múltiples beneficios. Para los sectores productivos, el reporte de contaminantes mejora la eficiencia de los procesos, permite comparaciones entre establecimientos y ayuda a identificar áreas de progreso. Esto no sólo puede aumentar la eficiencia y reducir costos, sino también potenciar la adopción de tecnologías más avanzadas, en donde se destaca a aquellos con mejores prácticas ambientales. Para el gobierno, el RETC facilita la identificación de prioridades de gestión ambiental mediante datos precisos de emisiones y liberaciones, y mejora la toma de decisiones, al tiempo que permite cumplir con acuerdos internacionales (RETC, s.f).
También es relevante para el sector de investigación y desarrollo en temas de salud pública, producción sostenible y ambiental. Esta información habilita el impulso a estudios de monitoreo, análisis de impacto ambiental o desarrollo de técnicas para la prevención, tratamiento o remediación de contaminantes relevantes, entre otros. Como ejemplo de los casos que se encuentran en la bibliografía, el artículo "Use of the National Pollutant Release Inventory in environmental research: a scoping review" señala que el Inventario Nacional de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (NPRI) es la base de datos pública de Canadá sobre emisiones, disposiciones y transferencias de contaminantes. Esta base se utiliza en investigación para acceder a datos sobre contaminantes atmosféricos, y ha captado interés académico continuo, con 225 artículos revisados por pares entre 1994 y 2019, centrados en ciencia ambiental, salud humana y análisis de políticas (Berthiaume, 2021).
Además, ayuda al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es un requisito para Estados que deseen ingresar a la OCDE. La población es la principal beneficiaria con el RETC, ya que proporciona acceso libre y sencillo a la información sobre contaminantes, lo que estimula la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales. (RETC, s.f).
El valor de la implementación de un RETC
El costo asociado con la implementación de este tipo de registros para el Estado Nacional implica una evaluación detallada. Primero, conviene diferenciar los costos iniciales de establecer el RETC de aquellos relacionados con su operación y mantenimiento futuros. En el sitio web de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, se puede encontrar un apartado dedicado a modelos de costos para los RETC. En términos generales, existen dos enfoques propuestos: uno teórico y otro empírico. El modelo teórico abarca los costos de diversas categorías: materiales, personal (que incluye salarios, tarifas y beneficios adicionales), costos indirectos (como alquiler, depreciación, publicidad, impuestos, servicios públicos y apoyo legal, contable y de gestión), depreciación de activos de capital a lo largo de su vida útil, y costos anuales asociados al ciclo de vida del sistema, como los de inicio y mantenimiento. Además, el modelo considera variaciones en el número de sustancias y actividades incluidas. Por otra parte, el modelo empírico se basa en la comparación con otros países (UNECE, s.f).
Sin embargo, es importante evitar extrapolaciones directas, ya que cada país presenta sus propias particularidades, en las que nos centraremos al final del análisis. Es relevante señalar que los datos no son de fácil acceso; en el caso de Japón, por ejemplo, los costos operativos del sistema alcanzan 2 millones de dólares anuales (UNECE, s.f).
Políticas Públicas ambientales
Las políticas públicas ambientales son un conjunto de acciones formuladas y ejecutadas por organismos públicos, como secretarías y direcciones, con el objetivo de gestionar el impacto ambiental e impulsar la sostenibilidad. En este proceso se destacan tres etapas: la formulación, donde se establecen leyes, decretos y reglamentos para definir la dirección programática; la implementación, que implica llevar esas directrices al territorio a través de proyectos, registros, controles y fiscalizaciones; y la evaluación, donde se revisa el cumplimiento de los objetivos planteados mediante indicadores (Torres, 2020).
Es importante señalar que estas políticas no son sólo procesos técnicos, sino que están de modo constante influidas por lo político, es decir, por conflictos y tensiones que pueden modificar o desafiar los principios establecidos en el origen. Esto cobra mayor relevancia en el ámbito ambiental, donde las políticas suelen cuestionar prácticas sociales arraigadas, que demandan cambios en el orden establecido y la reflexión sobre el rol de lo político en la construcción de una sociedad más sustentable (Torres, 2020).
El territorio
El desarrollo territorial implica la interacción de procesos a diferentes escalas, dirigidos por dos enfoques principales: la acción de actores socioeconómicos y el entorno físico-natural, económico y político. Las limitaciones incluyen la falta de regulación económica estatal, la carencia de representación y la búsqueda de identidad. El desarrollo territorial persigue la integración de las dimensiones política y económica en lo social, a través la cohesión territorial y políticas públicas, descentralizadas y participativas. La gestión en el territorio requiere cooperación, desarrollo de capacidades y autogestión, así como políticas públicas e institucionalidad territorial que apoyan la concertación y el cambio cultural. La territorialización de la política pública demanda colaboración creativa entre el gobierno y los actores sociales, con un enfoque en la construcción de “redes sociales” a través del capital social. Esta gestión del desarrollo implica acciones individuales, colectivas e institucionales para abordar demandas específicas y se enfoca en cómo se territorializa la política pública y cómo las relaciones sociales contribuyen a alcanzar objetivos comunes (González Díaz y col, 2013).
Dietz y Stern (2008) señalan que, en una democracia, la participación pública abarca diversas formas, como votar, expresar opiniones sobre temas públicos, formar grupos de interés, realizar manifestaciones, presentar demandas legales, entre otras. Se define la participación pública como el proceso en el cual las preocupaciones, necesidades y valores del público se incorporan a las decisiones gubernamentales y corporativas.
El enfoque de los autores es específico: se trata de procesos organizados adoptados por funcionarios electos, agencias gubernamentales u otras organizaciones del sector público o privado para involucrar al público en la evaluación ambiental, la planificación, la toma de decisiones, la gestión, el monitoreo y la evaluación. Estos procesos complementan las formas tradicionales de involucramiento público, y agregan la participación directa en funciones ejecutivas que, cuando son realizadas por el gobierno, son delegadas a agencias administrativas. A menudo, el papel del público es consultivo, pero cada vez más se experimenta con la gobernanza compartida y la colaboración continua. La inclusión que tiene lugar en procesos de toma de decisiones institucionalizados, reconocen que cuando estos procesos no incorporan de manera adecuada las preocupaciones públicas, las personas pueden participar al margen de estos “lugares” organizados. El término participación pública, como se utiliza en el estudio, incluye una variedad de mecanismos y procesos para involucrar a los miembros del público en actividades de organizaciones del sector público o privado que informan o toman decisiones ambientales (Dietz y Stern, 2008).
La territorialización de políticas se constituye como un proceso fundamental que demanda la revisión y mejora de las acciones de las autoridades públicas, al tiempo que exige una comprensión de los factores que influyen en la ejecución efectiva de políticas públicas. (Merlinsky, 2017).
A pesar de los beneficios potenciales que el Acuerdo de Escazú, el Registro de Contaminantes y Transferencia de Contaminantes (RETC) y la territorialización de políticas pueden ofrecer en términos de una gestión ambiental efectiva y sostenible, pero su implementación no está exenta de desafíos que deben ser abordados.
Acuerdo de Escazú
En el caso específico del Acuerdo de Escazú, su éxito depende de la ratificación y la colaboración entre los países firmantes. Dada la naturaleza regional de este acuerdo, es decisivo que las naciones involucradas trabajen en conjunto para garantizar su cumplimiento y ejecución efectiva. Esto puede requerir la armonización de leyes y regulaciones ambientales entre países, así como la creación de mecanismos de seguimiento y cumplimiento que aseguren que los principios de transparencia, participación pública y justicia ambiental se mantengan.
En Argentina, se diseñó un Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo, que pretendía fortalecer con acciones la implementación. Este plan se presentó en 2023 e integra recomendaciones surgidas del diagnóstico inicial, de acciones diseñadas por organismos del Estado nacional y de 533 aportes de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado. La información más reciente que brindan las páginas del Estado Argentino sobre la implementación (MAyDS, 2023):
Se presentó una única consulta pública sobre la implementación del Acuerdo.
Se organizaron 10 espacios de formación para equipos de gobierno.
Se realizaron 5 instancias colaborativas sobre el concepto de "participación temprana".3
Se celebraron 5 encuentros virtuales para construir el Plan de Implementación.
Se desarrollaron 4 mesas de diálogo regionales.
Registro de contaminantes y transferencias de contaminantes
En el ámbito del RETC, aunque la idea de rastrear y divulgar datos sobre emisiones y transferencias de contaminantes es prometedora, su implementación se enfrenta a retos técnicos y económicos. La necesidad de invertir en tecnología para monitorear y recopilar datos precisos puede ser costosa, en especial para países con recursos limitados. Además, se requiere capacitación para garantizar que los datos recopilados sean precisos y significativos. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la inversión en sistemas de RETC puede resultar en beneficios a largo plazo al estimular la responsabilidad corporativa y la toma de decisiones informada en relación con las emisiones contaminantes.
Argentina cuenta con un Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que tiene su origen en un acuerdo federal instrumentado en su respectiva acta constitutiva y reconoce como antecedente directo el Pacto Federal Ambiental. Este Consejo Federal es un ámbito de concertación de políticas ambientales, en el cual los representantes de las diversas jurisdicciones (Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se expresan a través de acuerdos y normas, como resoluciones y recomendaciones consensuadas, acordadas y suscritas en el marco de las Asambleas. Este ámbito es interesante, ya que reúne a las distintas regiones que componen el territorio y permitiría ser un espacio adecuado para debatir las particularidades de cada provincia respecto a la implementación de un RETC. Además, en la Ley General Ambiental menciona, en su apartado de información ambiental, al COFEMA como un facilitador para lograr instrumentar estos sistemas de información (Ley N.º 25.675).
Es relevante mencionar que dentro del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo de la Nación, un proyecto PNUD4 elaboró una guía para la implementación de un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Además, se cuenta con un proyecto piloto coordinado por la Autoridad Ambiental de la Nación en colaboración con la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Esta instancia es de relevancia, ya que permitirá analizar los datos obtenidos de esta cuenca con miras a la futura implementación de los registros (RETC, s.f.). La zona elegida refleja un exhaustivo estudio, ya que la elección de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) se basó en su área de marcada incidencia humana, lo cual ha deteriorado el ambiente a niveles paupérrimos. Además, presenta una compleja inter jurisdicción entre Nación, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Territorialización de políticas
Es importante reconocer que adaptar enfoques generales a realidades locales puede encontrarse con desafíos políticos y administrativos. La resistencia a nivel político puede surgir debido a intereses contrapuestos o falta de comprensión sobre la importancia de abordar los problemas ambientales a nivel local. Además, la falta de coordinación entre niveles de gobierno puede generar ambigüedades y obstaculizar la implementación efectiva de políticas ambientales adaptadas a contextos territoriales específicos. Superar estas barreras requerirá un esfuerzo concertado para favorecer la conciencia sobre la importancia de la territorialización y establecer mecanismos de colaboración y comunicación entre las partes interesadas (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2020).
Un diagnóstico a medida
Los desafíos son evidentes, es de importancia que los países y las comunidades trabajen juntos para superarlos y lograr una gestión ambiental más sostenible. La ratificación y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la inversión en tecnología y capacitación para implementar sistemas de RETC y la superación de obstáculos en la territorialización de políticas son pasos esenciales hacia un futuro ambiental más saludable y equitativo.
Como se mencionó, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en inglés) propone lineamientos para establecer el costo de implementación de los registros de contaminantes y utilizar como parámetro países donde estos se implementaron. Sin embargo, existen (o deberían existir) reservas sobre realizar tales comparaciones. No obstante, se agrega un breve extracto, de una publicación en una revista de justicia ambiental en Chile,5 que describe los problemas que surgieron durante la implementación en su territorio. Se destaca que uno de los principales inconvenientes son que el RETC chileno es una herramienta poco conocida y apenas difundida. Salvo por las autoridades de manera directa involucradas y algunas ONG, la mayoría de la población ignora su existencia. Además, señala que el uso de la información contenida en el RETC es voluntario, lo que, junto con la falta de difusión, lo convierte en una herramienta en la práctica inactiva dentro del marco normativo, sin un uso real. El reglamento, por su parte, sólo asegura el acceso público a la información a través de los medios ya mencionados, sin incluir otras formas de participación ciudadana. En el portal electrónico, se ofrece un enlace a un directorio telefónico de los órganos fiscalizadores responsables de verificar la calidad de lo informado y atender denuncias sobre contaminantes específicos (Acevedo Castillo, 2015).
3El Acuerdo de Escazú dispone que los países deben adoptar medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, bajo el entendimiento de que la participación "temprana" robustece el diseño de las políticas públicas y les da legitimidad, además que contribuye a un mayor empoderamiento ciudadano.
4 Proyecto PNUD ARG 20/G27 "Gestión ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina” que promueve el cumplimiento del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, del Convenio de Minamata sobre mercurio y del Convenio de Basilea sobre la gestión transfronteriza de desechos. Desde allí, se trabaja para contribuir al fortalecimiento institucional de los gobiernos y otras partes interesadas.
5 El único país en América Latina que ha implementado este tipo de registros.
La globalización no se detiene, y los problemas ambientales no reconocen fronteras, más allá que como humanidad nos empeñemos en eso. La cooperación regional se vuelve una estrategia requerida para abordar los desafíos actuales. En este contexto, el Acuerdo de Escazú y el RETC se presentan como una oportunidad hacia una gestión ambiental más transparente y efectiva en la región de América Latina y el Caribe.
Solo a través de un enfoque conjunto se podrán enfrentar con éxito los desafíos ambientales y avanzar hacia un mundo más equitativo. Para alcanzar un futuro sostenible en Argentina y en toda la región, es ineludible que se aprovechen estos instrumentos y que se fomente una colaboración efectiva entre los gobiernos, las empresas y las comunidades locales.
Argentina cuenta con desafíos ambientales, aunque alguno comparte con países de la región. De esta manera, el país necesita contar con la posibilidad de la territorialización de políticas, que brinda la oportunidad de abordar los problemas específicos que enfrenta. Esto implica no sólo la adaptación de políticas a nivel local, sino también tener en cuenta las peculiaridades de cada región, e involucrar de modo activo a las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones.
El país ha iniciado con las actividades de inicio para la implementación de un registro de contaminante que a su vez cumple con los compromisos adoptados en el acuerdo de Escazú. Dentro de los mismos podemos encontrar la elaboración de una guía para la implementación de un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en Argentina (PNUD, 2023), eventos de presentación y la realización de un proyecto piloto con ACUMAR.
Poder definir los lineamientos generales para su aplicación, como la realización de un piloto que permite recopilar datos relevantes y establezca las bases para una extrapolación del sistema en todo el territorio.
El recorrido es extenso, pero se han dado los primeros pasos, es indispensable que las autoridades y la ciudadanía en general reconozcan esta estrategia para que gane fuerza en su aplicación. No obstante, es requerida la colaboración de cada una de las jurisdicciones nacionales y que se incentiven leyes y resoluciones que instalen los registros en la organización de la nación.
Comprender que el territorio es más que nuestro suelo, montañas y mares debe ser una tarea constante. Quienes habitan dichas extensiones aportan al concepto de complejidad que debe ser analizada en conjunto. Tenemos la oportunidad de adaptar las propuestas pensadas en otros continentes a las regiones propias y dentro de ella a las particularidades de cada miembro soberano que la compone. La tarea es pensar y desarrollar iniciativas propias.
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