Transición Energética y el Sistema Nacional de CT+i en Colombia. Ideas iniciales.
Energy Transition and the National System of Science, Technology and Innovation in Colombia: Initial Ideas
John David Sánchez GiraldoColombia es un país que emite alrededor de un 0,6% de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial (Banco mundial, 2025). Esto significa que es considerado un emisor no principal viendo el globo de conjunto. Sin embargo, es un país significativamente afectado por el cambio climático.
Bajo el sistema capitalista, el consumo energético y las contribuciones de gases de efecto invernadero deben ser considerados como una responsabilidad diferenciada entre países y clases. Países como Colombia tienen una mayor susceptibilidad a impactos negativos en el corto y mediano plazo, aunque su contribución de GEI sea comparativamente muy baja respecto a los países del llamado 1er mundo, más China (UNEP, 2023).1
Aun cuando una transformación energética sistémica que no rompa radicalmente los balances naturales hasta hacer inviable la vida como la conocemos no parece ser posible en los marcos socioeconómicos del capitalismo imperialista, en el debate extenso en países como Colombia se han planteado estrategias de mitigación y adaptación, para así proteger sus ecosistemas y comunidades.
En este sentido, el país ha suscrito compromisos internacionales y puesto en marcha planes en esa dirección (CND, 2025). No es el propósito de este trabajo hacer una valoración crítica de las limitaciones de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, ni cómo los principales países productores de GEI se han marginado de estos compromisos, como EE.UU. y China. Sin embargo, en ese marco se requiere una revisión de algunos aspectos involucrados en la propuesta de Transición energética del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), particularmente lo que respecta a las limitaciones estructurales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). En este artículo se hará un bosquejo de ello como parte de una valoración más extensa en elaboración.
1Hay quienes consideran a China como un país del “Sur global”, como si no fuera ya una potencia que domina sectores importantes de las economías de varios países y mantiene una creciente injerencia política en las decisiones internas de estos países. Ver Laufer, R. (2024).
El proceso de transición energética ha tomado lugar en Colombia no sólo como una necesidad práctica urgente, sino como una controversia social que ha contado con la oposición de los sectores más poderosos en términos políticos y económicos. Estos sectores han estado y se han mantenido del lado de la preservación intacta del modelo de combustibles fósiles, jugando la carta de la necesidad de estabilidad económica (aquí hay una instancia nacional en un debate de carácter internacional), también de algunas críticas de sectores académicos y ONG (Blanco, 2024; WTW y UniAndes, 2023).
El gobierno actual lanzó, recién iniciado su mandato, una política de “Transición Energética Justa” [TEJ] que pretende integrar objetivos ambientales y sociales.
A partir del documento de Minenergia, 2025, los puntos básicos y pilares de esta política incluyen:
- No realizar contratos de exploración: Detener la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas para reducir la dependencia económica de los hidrocarburos.
- Potenciamiento de energías renovables: Impulso masivo a Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) como la solar, eólica y el hidrógeno.
- Comunidades Energéticas: Promover la autogeneración de energía a nivel local, permitiendo que las comunidades vulnerables produzcan y gestionen su propia electricidad y reduzcan costos.
- Acceso y cierre de brechas: Extender el servicio eléctrico y eliminar el uso de leña en los hogares de las Zonas No Interconectadas (ZNI) para lograr la equidad.
- Reconversión laboral e industrial: Diseñar estrategias productivas territoriales para proteger el empleo y generar una nueva industria nacional enfocada en el desarrollo de tecnologías limpias.
Desde un punto de vista estructural, la propuesta de la TEJ revela tensiones entre la economía fósil, el papel que juega en el ámbito nacional ligado a las relaciones globales, la dependencia tecnológica y la capacidad limitada del SNCTI para sostener los cambios requeridos.
En la mayoría de los países latinoamericanos, las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) han adoptado “áreas estratégicas”, entre ellas la transición energética, y han desplegado instrumentos sectoriales y fondos con el propósito de movilizar actores y recursos hacia esos objetivos (Sánchez Macchioli & Osorio, 2025).
No obstante, la transición energética no puede analizarse únicamente como un proceso técnico o económico. Podemos entender la ciencia y la sociedad como una co-construcción a través de redes de actores humanos y no humanos (Latour, 2008). La transición colombiana se configura como una coproducción entre infraestructuras, discursos de sostenibilidad y relaciones en pugna de distintos sectores y clases sociales.
La política energética colombiana expresa profundas tensiones entre tecnocracia y participación, entre dependencia cognitiva y soberanía epistémica, materializadas en las disputas sobre dirección, viabilidad y velocidad de la descarbonización en el país.
Por un lado, la fricción político-económica es evidente en las fracturas institucionales bajo este gobierno dentro de la junta corporativa y el rumbo de Ecopetrol, la empresa estatal de hidrocarburos, donde las metas de transición acelerada chocan con las demandas de viabilidad financiera y las alertas de centros de pensamiento macroeconómico sobre las restricciones fiscales del nivel central (El País, 2025; ValoraAnalitik, 2025). Asimismo, esta contradicción se manifiesta en el posicionamiento de las organizaciones sindicales de la propia industria extractiva, las cuales catalogan la parálisis en la firma de contratos de exploración como un error estratégico que vulnera la autosuficiencia energética soberana (Saavedra, 2025). Por otro lado, la asimetría epistémica se expresa en la persistencia de las élites extractivas y estructuras de poder tradicionales en el bloqueo de las reformas normativas estructurales, amparándose en imperativos técnicos de estabilidad cambiaria frente al comercio global (Gómez & Márquez, 2023; WTW y UniAndes, 2023), relegando los espacios de deliberación social a dinámicas periféricas.
Otro aspecto significativo de estas tensiones está ligado a la casi nula participación del capital privado (nacional o internacional, o mixto) en procesos de innovación y respaldo al sistema científico nacional en función de los compromisos globales y las políticas energéticas.
La ciencia no puede desvincularse de sus contextos sociales y políticos, ya que son éstos los que determinan qué problemas se consideran relevantes y qué soluciones se legitiman (Sarewitz et al., 2004). La orientación de la política científica colombiana requiere una valoración profunda de la situación social y política (Arond, 2024). Hasta la fecha, en esta política, los programas de transición energética, ejemplificados en instrumentos estatales de sucesivos gobiernos como el Plan Energético Nacional (UPME, 2024) y la Hoja de Ruta de la TEJ (Minenergía, 2025), articulados con la creación de posgrados universitarios en ingeniería limpia y líneas de investigación académica enfocadas en la adopción y transferencia de FNCER, se sustentan más en imperativos económicos vinculados a relaciones históricas de dependencia y a los nuevos compromisos internacionales, los cuales operan en el marco de una gobernanza climática global caracterizada por profundas asimetrías de poder, donde las economías más poderosas y los grandes emisores postergan sus metas vinculantes de mitigación real, trasladando la presión adaptativa a los países más empobrecidos y con menor consumo energético (UNEP, 2023; Laufer, 2024).
El análisis del enfoque del actual gobierno de Colombia en su propuesta de transición energética y los obstáculos estructurales muestran que las políticas de un gobierno pueden ser sólo limitadas ilusiones cuando la integración de los distintos elementos no obedece a la resolución de los problemas centrados en las comunidades ni en el medio ambiente como una unidad ecológica bajo unas responsabilidades sociales diferenciadas y con una ruptura con las relaciones de dependencia global.
Jasanoff (2004) describe esta relación como un proceso de “coproducción del orden social y natural”, donde las decisiones políticas y la perspectiva de los científicos se retroalimentan. En América Latina, esta coproducción se presenta bajo una fuerte influencia tecnocrática. La región asumió el enfoque e institucionalizó una visión del conocimiento científico como base para el desarrollo, pero subordinada al poder político y económico transnacional y a las élites locales (Hasselbrinck, et al., 2024).
Desde esta perspectiva, puede reconocerse el proceso de transición energética en Colombia como un laboratorio de gobernanza tecnocrática sobre la base de relaciones de dominación y subordinación global: expertos desde instituciones transnacionales y el Estado y del sector privado definen los parámetros de la “justicia energética”, mientras que las comunidades y actores sociales permanecen en los márgenes de la toma de decisiones a pesar de algunos programas periféricos de “democratización energética”. Aunque bajo un enfoque reformista con retórica popular, el actual gobierno en Colombia no rompe con los marcos predominantes de dominación nacional, ni puede hacerlo como efecto de cambios en políticas de gobierno-desde arriba.
Sarewitz et al. (2004) han señalado que “cuando la ciencia se presenta como ajena a la política, su capacidad para resolver conflictos sociales se debilita”. Esta observación se manifiesta en la dificultad de establecer vínculos entre las políticas energéticas con procesos de participación ciudadana efectiva (Arond, 2024; Hasselbrinck, et al., 2024). En el contexto colombiano, este fenómeno es directamente observable en las regiones históricamente dependientes del carbón, como los departamentos del Cesar y La Guajira, donde el retiro de activos de multinacionales extractivas y el diseño de planes de transición socioecológica se han gestionado desde lógicas verticales, marginando a las comunidades étnicas y locales de una gobernanza vinculante sobre el futuro productivo de sus territorios (Arond, 2024). Incluso las iniciativas gubernamentales con enfoque popular, como las Comunidades Energéticas, registran serias dificultades prácticas debido a un marco regulatorio rígido que debilita el empoderamiento y la autogestión de los saberes locales frente a los operadores tradicionales (WRI, 2025).
Giri & Lawler también reconocen que cuando las agendas se “federalizan” sin capacidades locales fuertes, las “agendas territoriales” terminan dependiendo de consultoras o actores centrales que diseñan proyectos desde la capital, reproducen la relación centro-periferia y dejan a las regiones con escasa autonomía tecnológica. (Giri & Lawler, 2024). Esta distorsión teórica descrita por los autores se constata empíricamente en el ecosistema de innovación colombiano: los diagnósticos de base y las hojas de ruta de la transición en las regiones con mayor potencial eólico o solar suelen ser delegados a agencias multilaterales, centros de pensamiento andinos o consultorías internacionales (JET Knowledge, 2023; Thema, 2023). Al estar la inversión nacional en I+D estancada por debajo del 0,35% del PIB y concentrada en el nivel central (MinCiencias, 2025; OCyT, 2024), las regiones carecen de la infraestructura científica necesaria para generar conocimiento endógeno, lo cual las convierte en meras receptoras pasivas de paquetes tecnológicos importados y dependientes de la experiencia técnica diseñada en la capital.
Han sido significativas las reflexiones desde América Latina sobre ciencia y poder que aportan claves para comprender esta situación. Albornoz (2007) recalca que “el poder político define los límites de la autonomía científica”. Los sistemas de ciencia y tecnología en la región fueron históricamente configurados para responder a agendas externas (Arellano et al., 2012). En Colombia, la orientación de la política de innovación ha acogido las orientaciones de organismos llamados multilaterales y de cooperación, más que una estrategia endógena de desarrollo, que parta de las necesidades locales reconociendo las dinámicas globales y contribuciones en perspectiva internacional.
Esta dependencia epistémica no opera sólo en el plano económico o tecnológico, también se expresa en el nivel cognitivo. El SNCTI colombiano se ha centrado en áreas de conocimiento impulsadas por el mercado global, dejando marginadas las ciencias sociales, los estudios territoriales y las innovaciones basadas en el conocimiento local. Esta asimetría distributiva se constata en la asignación presupuestal del sistema: según los indicadores del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2024), el financiamiento público y privado para actividades de I+D se concentra estructuralmente en Ingeniería y Tecnología, y Ciencias Naturales, las cuales absorben la mayor parte de la inversión nacional por su vínculo directo con la competitividad del mercado de exportación. En contraste, las Ciencias Sociales y Humanidades captan históricamente un porcentaje menor de los recursos invertidos en investigación, lo que restringe la capacidad del SNCTI para financiar diagnósticos comunitarios autónomos y situados en las realidades regionales (OCyT, 2024; MinCiencias, 2025). Como sostiene Albornoz (2007), “la política científica latinoamericana suele reproducir las asimetrías del sistema internacional, convirtiendo la ciencia en un instrumento de poder más que en una herramienta de emancipación”.
También Leff (2014), señala que “la crisis ambiental se manifiesta como una crisis del conocimiento”. En la medida en que la transición energética se erige basada en modelos importados, tecnológicos y de gobernanza de manera acrítica, el país reproduce la dependencia estructural que ha caracterizado su historia económica.
La investigación nacional se orienta con frecuencia a temas de mayor visibilidad internacional o con mayor potencial de financiamiento, lo cual reproduce una dependencia epistemológica al privilegiar marcos, enfoques y métodos externos sobre los requeridos por las necesidades en los territorios de la nación o sin una valoración rigurosa de las conexiones que tienen cierta o profunda aplicabilidad o que pudieran tenerla, valoración que tiene que salir de los márgenes de los expertos del Estado y las instituciones e involucrar a los actores desde los territorios.
Los planes nacionales de CTI y las hojas de ruta sectoriales –específicamente el Plan Energético Nacional 2024-2054 de la UPME (2024) y la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa del Ministerio de Minas y Energía (2025)– se presentan como herramientas para alinear la ciencia y la innovación con objetivos productivos, principalmente privados, y de política pública anclada a las estructuras dominantes que no favorecen comunidades ni sectores excluidos. Esta orientación pro-mercado se materializa en el diseño de ambos instrumentos, los cuales priorizan esquemas de subastas energéticas y un portafolio de beneficios tributarios (como la deducción de renta, exclusión de IVA y exención de aranceles) orientados a atraer capital de grandes corporaciones transnacionales para macroproyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) (Minenergía, 2025; UPME, 2024). Al subordinar el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica a la rentabilidad corporativa y a la asimilación pasiva de tecnología importada, el Estado relega el financiamiento de innovaciones endógenas y reduce la participación de los territorios a un rol marginal de consulta, sin alterar la estructura concentrada de la propiedad energética (Minenergía, 2024; UPME, 2024).
El SNCTI colombiano está institucionalmente definido y regulado, pero hay serias dificultades de articulación territorial y funcional entre política científica y desarrollo nacional autónomo.
Varios análisis respecto a la transición energética (Minenergía, 2024; Thema, J., 2023; UNDP, 2024) reconocen la dependencia de Colombia a las cadenas extractivas y la necesidad de una I+D que priorice las necesidades territoriales; no obstante, la investigación se mantiene fuertemente subordinada a demandas externas (mercados internacionales, industria extractiva, agendas de financiamiento climático) en lugar de articular soluciones territoriales y socialmente justas (Gómez, 2023).
El SNCTI mantiene una debilidad estructural que representa una de las principales trabas para una transición energética autónoma. El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT, 2024) advierte que “la inversión en I+D en Colombia ha permanecido estancada en niveles inferiores al 0,35 % del PIB durante la última década”, reflejando un atraso significativo frente al promedio en América Latina.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias, 2025) reconoce que la baja inversión “es insuficiente para soportar una transición energética de largo plazo”. La OCDE (2024) ha considerado que “la limitada coordinación entre el SNCTI y los sectores productivos reduce la capacidad de innovación en áreas estratégicas como energías renovables y movilidad sostenible”.
La escasa inversión en I+D y la limitada infraestructura científica regional hacen que “la vinculación entre las políticas estatales y el sector productivo no siempre dé el resultado buscado” (Sánchez Macchioli & Osorio, 2025): comunidades en zonas marginales con alta necesidad de fuentes básicas de energía regular y sostenible.
Según Thomas (2020), “las estrategias de tecnología para el desarrollo inclusivo sustentable implican una redefinición del papel del Estado, la cooperación internacional y la innovación”. Debido a que la TEJ en Colombia depende en gran medida de la importación de tecnologías (equipos de generación renovable y sistemas de almacenamiento, etc.), el país se ha enfrentado al hecho de que el SNCTI actúa como adaptador de tecnologías externas más que como generador de soluciones propias.
La transición energética justa (TEJ), promovida por el Gobierno Nacional desde 2022, busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar la matriz energética (Minenergía, 2025). Sin embargo, la I+D relacionada con energías renovables depende de CTI no desarrolladas bajo la reflexión de las necesidades locales y sus conexiones cada vez más globales (Thema, 2023; JET Knowledge, 2023). Esta dependencia tecnológica refuerza la subordinación estructural del SNCTI, debido a que la capacidad de desarrollo e innovación local sigue condicionada por la muy limitada inversión pública y la falta de articulación con la/una industria nacional.
Garrido et al. (2020) enfatiza que las políticas para la transición requieren “abordajes sistémicos” que integren actores locales, capacidades institucionales y procesos de aprendizaje colectivos. Esto contrasta con las dinámicas actuales en las regiones energéticas colombianas, donde predominan consultoras internacionales o equipos técnicos externos que no necesariamente fortalecen capacidades locales.
Bien puede afirmarse que la política científica en Colombia se enfrenta a un “déficit de contextualización” (Sarewitz et al., 2004): los procesos de decisión no vinculan adecuadamente los objetivos científicos con los valores y necesidades sociales. Para Sarewitz, esto ocurre cuando “las estructuras institucionales separan la producción de conocimiento de la deliberación democrática”.
Por su parte, en América Latina “el problema no es sólo la falta de recursos, sino la subordinación del sistema científico a intereses gubernamentales de corto plazo” (Albornoz, 2007). En Colombia, el desequilibrio de las políticas públicas de CT+i y el encadenamiento institucional a las normas básicas del capital son un obstáculo al establecimiento de programas estratégicos, y más allá, la polarización política no está ligada a un proceso pendular dirimido en las elecciones de gobierno, cada vez se corre más a fortalecer programas de derecha que tienen en su núcleo la negación del cambio climático y la oposición a las políticas mínimas de adaptación y mitigación, ni qué decir de los programas sociales de beneficio a los más desposeídos. Los limitados programas de TEJ puestos en marcha por el actual gobierno difícilmente tendrán continuidad si el próximo gobierno defiende unas banderas políticas diferentes, lo cual es bastante probable.
Es necesario reconfigurar el papel de la ciencia en la sociedad. Funtowicz y Ravetz (1993) plantean que en contextos de incertidumbre y conflicto de valores se requiere una “ciencia posnormal”, que combine experticia con deliberación pública. En el caso colombiano, esto supone abrir los procesos de innovación energética a la participación ciudadana y a la diversidad epistémica.
Sarewitz et al. (2004) sostienen que “una política científica verdaderamente social debe reconocer la pluralidad de formas de conocimiento y los valores que éstas encarnan”. Asimismo, Albornoz (2007) enfatiza que “el desafío para América Latina no es imitar los modelos del Norte, sino construir una institucionalidad científica propia, coherente con sus contextos sociales”.
La transición energética justa, en este sentido, no se logrará únicamente mediante inversiones o marcos normativos, sino a través de la democratización del conocimiento, la descentralización de la innovación y la articulación entre ciencia, política y debate público que no sólo se dé en las ciudades, sino que vincule los diferentes sectores sociales y territorios.
Así la transición dejará de ser una consigna y se convertirá quizás en un proceso que marque un rumbo transformador.
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