Delitos de cuello blanco y violencia en la ciudad de Rosario. Una aproximación a partir del caso Medrano y de la agencia financiera Cofryco
White-collar crime and violence in the city of Rosario. An approach based on the Medrano case and the financial agency Cofryco
Marco GaieroLa ciudad de Rosario es considerada la localidad más violenta de la República Argentina. Esto se debe al crecimiento de la tasa de homicidios que la misma experimenta desde el año 2013 hasta la actualidad, debido al funcionamiento de mercados ilegales de drogas. Si bien desde entonces los organismos de justicia provinciales y federales lograron investigar y condenar a los miembros de grupos criminales vinculados a esta actividad delictiva, son pocas las pesquisas que dan cuenta de la participación de profesionales abocados a tareas como el lavado de activo o de dinero que hacen al funcionamiento de este tipo de emprendimientos ilícitos. En este sentido, el presente caso de estudio permite comprender a la venta de drogas como un fenómeno criminal que engloba tanto a aquellos actores que son más visibles por el impacto de sus acciones, así como otros cuyo rol se desarrolla de forma más oculta y clandestina, pero que resulta esencial para su funcionamiento, desarrollo y expansión.
Con relación a la estructura de este documento, en primer lugar, se señala el recorte temporal y la metodología de la presente investigación. Luego, se mencionan ciertas categorías teóricas que permiten analizar el presente objeto de estudio. En tercer lugar, se realiza una descripción de las características que adquiere el funcionamiento de los mercados locales de drogas en la región, en función de la violencia que se ejerce en los mismos y de la participación de profesionales vinculados al desarrollo financiero, comercial e inmobiliario. Por último, se concluye el trabajo con la relación entre Marcelo “Coto” Medrano y la firma financiera Cofryco, así como también se vinculan los aportes conceptuales señalados a los fines de explicar las características que adquieren los delitos de cuello blanco en el presente caso.
Es importante señalar que este artículo constituye una aproximación al funcionamiento de los mercados ilegales de drogas en la ciudad de Rosario, en función de la participación de profesionales del ámbito de los negocios y de las finanzas en este tipo de tramas criminales. Considerando esto, el presente trabajo construye su objeto tomando como período de análisis el lapso de los años 2020 y 2023. Esto debe a que en dicha cohorte se produce el homicidio de Daniel “Coto” Medrano, así como la investigación penal que dio cuenta de la vinculación de este narcotraficante con financistas de la ciudad de Rosario.
Asimismo, la metodología de la presente investigación es de carácter cualitativa y se caracteriza por el análisis de fuentes primarias —documentos públicos, estadísticas oficiales y elaboradas por otras organizaciones de la sociedad civil—y de fuentes secundarias — artículos periodísticos de alcance nacional, provincial y local. Además, se recuperan fragmentos de entrevistas realizadas a funcionarios judiciales vinculados al presente caso, recabadas por medios de la ciudad de Rosario.
A los fines de analizar la relación entre los delitos más violentos y aquellas conductas delictivas cuya comisión es llevada a cabo por personas pertenecientes a estratos sociales de alto poder adquisitivo en el presente caso, es pertinente recuperar una serie de categorías teóricas.
En primer lugar, se debe mencionar a Sutherland (1949), el cual analiza un tipo particular de actividad delictiva a la que denomina “delito de cuello blanco”. Este ilícito es realizado por una persona de respetabilidad y status alto en el curso de su ocupación legal. Al respecto de este punto, es menester señalar el aporte de Green (1990) que utiliza la categoría de delito ocupacional para dar cuenta de “cualquier acto punible por la ley que se comete a través de una oportunidad creada en el curso de una ocupación que es legal” (p.13). Asimismo, el autor afirma que el carácter de legalidad es necesario porque sin este atributo dicho término podría incluir cualquier actividad criminal. En este sentido, identifica distintos tipos de delitos en cuatro categorías: aquellos que se producen en beneficio de una organización empleadora (delito ocupacional organizacional), los delitos cometidos por funcionarios en ejercicio de su autoridad estatal (delito ocupacional de autoridad estatal), las conductas delictivas realizadas por profesionales en su calidad de profesionales (delito ocupacional profesional) y los delitos cometidos por individuos en tanto individuos (delito ocupacional individual).
Retomando a Sutherland (1949), el origen de estas conductas delictivas, al igual que ocurre con las actividades criminales vinculadas a otros sectores sociales, se explica en base a la teoría de la asociación diferencial. Como afirma el autor:
La conducta delictiva se aprende en asociación con aquellos que definen esa conducta favorablemente y en aislamiento de aquellos que la definen desfavorablemente; y que una persona en una situación apropiada participa de esa conducta delictiva cuando, y sólo cuando, el peso de las definiciones favorables es superior al de las definiciones desfavorables (Sutherland, 1949, p. 277).
Otro de los conceptos claves para abordar el presente caso es el de crimen organizado. Esta categoría permite comprender la participación de personas que ejercen profesiones en ámbitos con alto prestigio social con la finalidad de garantizar el ocultamiento de ingresos económicos obtenidos ilegalmente. Siguiendo a Sain (2015), este fenómeno puede ser definido como “una actividad o emprendimiento delictivo llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y niveles de estructuración y que se articula en torno a negocios económicos, generalmente dedicados a la provisión de bienes y/o servicios” (p. 9).
A su vez, en un trabajo sobre los alcances de este fenómeno en Colombia, Tokatlian (2000) enfatiza en su carácter cambiante y dinámico, así como en el contexto político, social, económico y cultural que posibilita su desarrollo. De acuerdo con el autor, el mismo posee un fuerte anclaje local, que involucra no sólo a aquellas personas o grupos que llevan a cabo actividades ilícitas, sino también a otro conjunto de actores que garantizan el funcionamiento de una determinada empresa criminal mediante la venta de protección, así como por el desarrollo de un conjunto de acciones que permiten ocultar los ingresos ilegales obtenidos.
Por otro lado, a los fines de comprender la interacción entre actores legales e ilegales, es menester recuperar también el concepto de mercados ilegales. Al respecto, Bergman (2016) los define como aquellos espacios en donde se produce la comercialización de productos y servicios cuyo intercambio se encuentra prohibido. En esta tónica, Mayntz (2017) señala que las transacciones económicas realizadas en el marco de los mismos pueden ser ilegales tanto porque su comercialización es ilegal “per se” y su producción se lleva a cabo en condiciones de ilegalidad, como porque su intercambio es ilegal o se realiza incumpliendo normas jurídicas.
Sin embargo, cabe señalar que este tipo de mercados no constituyen ámbitos de intercambio que se encuentran ubicados en las zonas más marginales y excluidas de las ciudades en donde habitan personas vinculadas directamente a la comisión de actividades criminales como amenazas, robos, extorsiones, homicidios o venta de drogas.
Por el contrario, configuran espacios en donde lo legal y lo ilegal se cruzan y mezclan de forma recurrente. En este sentido, el concepto de “bazar” introducido por Ruggiero (2005) permite comprender el “continuum” entre actividades lícitas e ilícitas, al tratarse de una esfera en la que tiene lugar la comercialización de bienes de origen legal pero adquiridos por medios ilícitos, así como otros cuya elaboración y comercialización se encuentran prohibidos. Su rasgo principal es, en palabras del autor, que “la legalidad y la ilegalidad se encuentran, se mezclan y superponen” (Ruggiero, 2005, p. 60).
Una de las actividades criminales que permiten observar con claridad esta continuidad entre lo legal e ilegal planteada por el autor italiano es el lavado de dinero que, para su comisión, requiere de la participación de profesionales que cuentan con conocimientos específicos en lo que hace al funcionamiento de los asuntos financieros, comerciales e inmobiliarios. Como señala Sain (2015), el crimen organizado en sus distintas manifestaciones produce una enorme cantidad de dinero y bienes, la cual precisa ser “blanqueada”. En otras palabras, requiere que los orígenes de dichos fondos se mantengan ocultos, para lo que “se utilizan las economías de gran escala y, en su marco, los sistemas financieros, productivos, de servicios y comerciales altamente globalizados y desregulados” (Sain, 2015, p. 33).
Con respecto a las modalidades en que se lleva a cabo el lavado de activos o de dinero, siguiendo a Sain (2015), es posible mencionar, en un primer momento, las que se realizan por medio del sistema financiero a través de transferencias y depósitos en distintas cuentas bancarias con el objetivo de “evadir las obligaciones administrativas de identificación del cliente y de reporte de operación inusual, injustificada o sospechosa” (p.35). Una segunda modalidad la constituye aquella en la que se colocan estos ingresos en el sistema financiero no bancario —casas o agencias de cambio— mediante la compra y venta de divisas. Por último, es posible señalar una tercera forma en que se desarrolla esta actividad criminal a través de la “adquisición de títulos en el mercado de valores, particularmente aquellos públicos y privados tanto librados al portador como los nominativos y a la orden” (Ibidem).
Durante los años 2013-2022, el departamento Rosario registró una cantidad de homicidios que, en ciertos años del período, llegó a casi quintuplicar la media registrada a nivel nacional. A lo largo de esta cohorte, se cometieron dos mil doscientos veintitrés (2223) homicidios en el Departamento Rosario, siendo los años 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2022 aquellos que presentaron una cantidad superior a los doscientos (200) hechos (Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, 2017; Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, 2023). Asimismo, se debe mencionar que un gran porcentaje de estos casos se encuentra relacionado al funcionamiento de “economías delictivas”, principalmente, de aquellas dedicadas a la comercialización de drogas ilícitas. En este sentido, se observa que entre los años 2020-2022 seis (6) de cada diez (10) homicidios se dieron en el marco de este contexto (Ibidem).
Con respecto a la ciudad de Rosario, si bien la alta cantidad de homicidios en esta localidad representa una anomalía en comparación a otras urbes de igual tamaño demográfico, su distribución no se da de forma homogénea en todos los territorios que la componen, sino que estos hechos se encuentran georrefenciados en aquellos lugares que presentan elevados índices de pobreza, indigencia, informalidad y desempleo. Los barrios con mayor cantidad de hechos son Bella Vista y Villa Banana en la zona oeste de la ciudad; Tablada, Las Flores y la Granada en el sector sur/sudoeste y Ludueña y Larrea y Empalme Graneros en el noroeste (Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, 2023).
En relación con la dinámica de funcionamiento de estos mercados ilegales, la misma se relaciona al microtráfico de sustancias ilícitas (Souto Zabaleta, Delfino y Sarti; 2018) y cuenta con la participación de grupos criminales que son gestionados por personas jóvenes, las cuales recurren a la violencia como medio predilecto para la resolución de conflictos al no disponer de otros métodos, técnicas o saberes que permitan su gerenciamiento de forma pacífica. En suma, estos jóvenes constituyen, en términos marxistas, un “ejército de reserva” a los servicios de los cabecillas de dichas organizaciones delictivas. Esto se debe a que los peligros que trae aparejado el desarrollo de sus funciones, así como las pocas calificaciones que las mismas requieren, permiten su fácil e inmediato reemplazo en caso de que resulten apresados o asesinados. Las cifras oficiales correspondientes al año 2022, señalan que el 50% de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en establecimientos penitenciarios provinciales, así como la mitad de las víctimas de homicidios cometidos en el Departamento Rosario, son menores a los 30 años de edad (Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, 2023).
Al respecto de este punto, es menester señalar distintas investigaciones que dan cuenta de distintos aspectos del funcionamiento de los mercados de drogas de esta localidad. En primer lugar, se debe mencionar el trabajo de Eventon (2013), el cual analiza ciertas características de los mercados de drogas en la ciudad de Rosario, en función de la participación de personas jóvenes en estas tramas, el aumento en el consumo de drogas por parte de ciertos sectores sociales -medios y altos- y la vinculación entre grupos criminales y agentes policiales. Otros trabajos, como el de Iazzetta (2020), abordan el uso de la violencia y la estructura funcional de estos grupos, en función de la categoría de “crimen desorganizado”. Asimismo, el aporte de Cozzi (2018) es pertinente para comprender las transformaciones en el “ambiente del delito” en la ciudad de Rosario, en relación con la participación de personas jóvenes oriundas de barrios populares en el robo, la venta de drogas y en enfrentamientos o hechos de violencia que involucren el uso de armas de fuego.
A su vez, existen investigaciones que analizan este fenómeno en función del papel de la Policía de la Provincia de Santa Fe en el funcionamiento de estos emprendimientos ilícitos en la ciudad de Rosario, así como su relación con uno de los grupos criminales de mayor trascendencia de esta localidad (Navarro Urquiza, 2018; Sain y Navarro Urquiza, 2019; Auyero y Sebring, 2021). Al respecto de este punto, la investigación de Sain (2023) ahonda en la relación entre crimen y Estado en la ciudad de Rosario, poniendo el foco en la connivencia entre funcionarios policiales, judiciales y políticos con actores delictivos de la ciudad. Asimismo, aporta una caracterización de las organizaciones criminales de esta localidad.
Por otro lado, las investigaciones periodísticas de Del Frade (2000, 2016, 2017, 2018, 2019), Lascano y De Los Santos (2017, 2023) abordan el surgimiento, desarrollo y expansión de los principales grupos delictivos abocados a la venta de drogas, así como también indagan sobre la participación de actores estatales y de profesionales en estas tramas.
Al respecto de estas investigaciones, es importante señalar que las mismas son fundamentales para comprender algunos aspectos que hacen a la venta de drogas en la región, incluso el lavado de dinero. No obstante, estos trabajos no abordan, a partir del uso de categorías teóricas propias del ámbito de la criminología, la vinculación del componente más visible del microtráfico de sustancias ilícitas con profesionales del ámbito de los negocios o de las finanzas.
Considerando lo anterior, en el presente trabajo se sostiene que la estructuración de estos mercados no sólo se comprende por la participación de personas provenientes de barrios atravesados por situaciones de pobreza, marginalidad, desigualdad social o desempleo. Si bien muchos de los integrantes de las bandas criminales forman parte de estos territorios y constituyen el eslabón más visible por motivo de los delitos que desarrollan —homicidios, balaceras, amenazas, extorsiones, usurpaciones, entre otras—, existe también un conjunto de actores pertenecientes a otros estratos sociales que permiten su funcionamiento. Se trata de otra de las dimensiones de los mercados de drogas de la ciudad de carácter invisible, pero con un rol fundamental: el ocultamiento y el financiamiento de los medios a través de los cuales estos grupos criminales llevan a cabo sus actividades.
Al respecto de este punto, es pertinente mencionar que distintas investigaciones penales dan cuenta de la participación de importantes empresarios, así como de abogados, contadores y arquitectos de acciones tendientes a ocultar los fondos producidos a través de la venta de drogas y que revelan dicha relación. En el caso de los dos grupos criminales más importantes de la región, “Los Monos” y el de Esteban Alvarado se observa claramente la realización de acciones tendientes ocultar estos fondos (La Capital, 10 de agosto del año 2020), así como también se destaca la pesquisa en contra de un importante empresario de la ciudad que participó en el lavado de dinero proveniente de espacios de venta de drogas ubicados en uno de los barrios más vulnerables de esta localidad (Maggi, 17 de octubre del año 2023).
En relación con la vinculación entre la venta de drogas y este tipo de delitos en la ciudad de Rosario, Suárez (2021) señala lo siguiente:
Es obvio que estamos inmersos en una gran red comercial en la que circula mucho dinero que está siendo lavado entre nosotros y que muchos negocios prósperos crecen con el aporte del dinero generado en el narcotráfico. Pero con la sutileza que los caracteriza y la elegancia con que visten a todas sus acciones, los beneficiarios de ese dinero —socios de los narcos en las maniobras de lavado— han logrado que el estigma del narcotráfico se visualice claramente en las muertes ¡y no en las inversiones! Cuando todos sabemos que son las dos caras de la misma moneda. (p. 268)
Asimismo, como señala este autor “la visibilidad de las muertes y balaceras es inversamente proporcional (y directamente funcional) a la invisibilización de las maniobras de lavado que tienen lugar cada día entre nosotros” (Suárez, 2021, p. 269).
De acuerdo a estas consideraciones, así como en el caso que se presenta a continuación, queda en evidencia la confluencia entre actores responsables de cometer hechos de violencia altamente lesiva —principalmente homicidios—y el accionar de un conjunto de profesionales y personas con alto estatus y prestigio social que, sin la necesidad de empeñar un arma o de realizar amenazas, representan un engranaje central para el desarrollo de estos grupos criminales y de los mercados en los cuales participan. En suma, el narcotráfico —en este caso su manifestación a nivel micro— representa el entrelazamiento de actores locales abocados a distintas cuestiones que permiten la circulación y ocultamiento de estos ingresos.
El día 20 de septiembre del año 2020, Marcelo “Coto” Medrano, un narcotraficante de la región del Gran Rosario, fue asesinado en la localidad de Granadero Baigorria. De acuerdo con fuentes judiciales, mantenía un enfrentamiento con la familia Godoy por el establecimiento de puntos de venta en los territorios que componen el cordón industrial de la región del Gran Rosario (Navone, 20 de septiembre del año 2020). El mismo día de su asesinato, en horas del mediodía, estuvo presente en las oficinas de una casa de cambios ubicada en pleno centro de la ciudad de Rosario, a pocos metros de la sede de la Bolsa de Comercio. Allí, llevó a cabo una operación financiera que consistió en la compra de diecisiete mil quinientos (17.500) dólares al valor de cotización del mercado paralelo de divisas, popularmente conocido como dólar blue (De Los Santos, 23 de marzo del año 2021).
Hasta el momento de su muerte, Medrano lideraba una franquicia criminal que respondía a uno de los principales jefes criminales de la ciudad de Rosario, Ariel Máximo “Guille” Cantero. Asimismo, contaba con una gran cantidad de antecedentes penales por tentativa de homicidio, abuso de armas de fuego y venta de estupefacientes. Tampoco cumplía con los requisitos legales solicitados para adquisición de divisas:
No había ganado nunca en su vida un peso de forma legal. La única vez que solicitó un CUIL, fue cuando se lo tramitó el Servicio Penitenciario mientras cumplía una condena federal. Era técnicamente un indigente. Pero llegó con dos millones y medio de pesos en la mano a comprar dólares a Cofyrco. Eran 5 kilos de billetes y no había forma legal de explicar esa ganancia. (Miró, 28 de agosto del año 2022)
Cofryco era una agencia financiera que contaba con cierto protagonismo en el ámbito financiero local —llegando a patrocinar importantes competencias de golf en localidad vecinas a la ciudad de Rosario— y que se encontraba dirigida por Fernando Verseci (presidente de Cofryco), Patricio Carey (vice director) y Guido Garay (socio estratégico). Uno de sus integrantes, Patricio Carey, pertenece a una familia históricamente ligada al desarrollo de negocios financieros e inmobiliarios de la región, llegando a liderar proyectos de esta índole en la ciudad de Rosario y en localidades aledañas (El Occidental, 01 de junio del año 2022).
Con respecto a su funcionamiento y participación en actividades vinculadas al narcotráfico, el fiscal a cargo de la causa señaló que el accionar realizado por los integrantes de Cofryco consistió en “haber recibido de Medrano, quien ejercía actividades criminales, dos millones 350 mil pesos que fueron cambiados por dólares” (La Capital, 26 de marzo del año 2021). Además, se constató que dicho monto de dinero era ingresado “como eje el cambio ilegal de moneda, de cheques, lo que se llama descuento de cheques, y también el préstamo de dinero” (Ibidem). De acuerdo a los mensajes revelados luego de la pericia realizada en el teléfono celular de Medrano, este había comprado 35 mil dólares en tres operaciones en esta misma financiera (Graciarena, 11 de diciembre del año 2021).
Sin embargo, el lavado de activos o de dinero no es el único delito que se le responsabiliza a esta firma. En marzo del año 2021, en el marco de un allanamiento realizado en la sede Cofryco, se encontró una bolsa con ciento setenta y cuatro (174) documentos nacionales de identidad (de ahora en adelante DNI). De acuerdo con el fiscal encargado de investigar esta causa, los mismos fueron utilizados “para comprar dólares en el mercado legal a precio oficial y los reubicaba en el mercado con ventas en negro” (Miró, 28 de agosto del año 2022). Asimismo, se comprobó que esta agencia funcionaba como una “cueva” y la misma no se encontraba inscrita como casa de cambio en el Banco Central de la República Argentina (Lago, 2022). Como también señaló este funcionario judicial, “Cofyrco no era una financiera autorizada por el Banco Central. Era una cueva donde se llevaban adelante operaciones de cambio de monedas en forma ilegal” (Ibidem). Con respecto a las operativas realizadas con dichos DNI, uno de los funcionarios judiciales a cargo de investigar el homicidio de Medrano afirmó lo siguiente:
Ese es otro de los delitos que hay que investigar en esta organización. Y además con esos pesos que ganaban entregaban créditos, préstamos y cambiaban cheques con un interés muy alto. De esta manera dinero que viene del narcotráfico termina prestado a gente con un interés altísimo, generando una renta ilícita para estas personas, que no solo le sacan ventaja al Estado con los dólares ahorro sino también con la plata que viene de los narcos, que está bañada de sangre. (Maggi, 20 de septiembre del año 2020)
Producto de estas investigaciones, en diciembre del año 2021, Fernando Verseci (presidente de Cofryco) y el director, Guido Garay, fueron condenados a la pena de tres años de prisión condicional, al pago de una multa de treinta y cinco (35) mil dólares y a la realización de cuatrocientas (400) horas de trabajo comunitario por el delito de lavado de activos de origen ilegal (Lago, 08 de diciembre del año 2022). Asimismo, intervinieron las firmas Terranova —lugar donde se registró gran parte de la compra de divisas con los DNI incautados— y Trans Ban SA, así como se dispuso la detención de otros empresarios dedicados al mundo de las finanzas (Ibidem). Por su parte, Patricio Carey es el único de los acusados que no optó por un acuerdo abreviado y enfrenta un juicio oral en el que la fiscalía solicitó una pena de cinco (5) años de cárcel. Sin embargo, en el último año se determinó que la causa sea juzgada por los tribunales federales, ya que, de acuerdo al juez de cámara, Guillermo Llaudet, la justicia provincial no tiene competencia en la investigación de este tipo de delitos (Rosario 3, 2023).
El narcotráfico constituye una manifestación del crimen organizado. Como tal cuenta con la participación de dos o más personas que, con cierto nivel de estructuración, realizan una serie de actividades criminales a lo largo del tiempo con el fin de obtener una ganancia económica. Las características que adquiere este fenómeno, retomando a Tokatlian (2000), deben ser comprendidas en función del contexto político, social, económico y cultural en el que tiene lugar.
En el caso de la ciudad de Rosario, la venta de drogas está relacionada al funcionamiento de organizaciones criminales con distintos grados de complejidad —muchas de ellas estructuradas en bases a lazos familiares o de confianza— que ejercen un dominio en un territorio limitado, en el que prima el uso predilecto de la violencia con armas de fuego.Sin embargo, esta lectura puede llevar a que se lo comprenda como una expresión de la criminalidad compleja que solamente afecta a aquellos sectores sociales que residen en los barrios con mayor presencia de situaciones de vulnerabilidad social y en el que se constituye una especie de “economía sustitutiva” alrededor de la venta de drogas. En otras palabras, se corre el riesgo de que se lo conciba como un fenómeno exclusivo de las clases populares. No obstante, la relación entre Medrano y Cofryco permite comprender la vinculación entre la dimensión más violenta y visible de la venta de drogas y aquella otra que se caracteriza por su eficaz clandestinidad. Esta última, se manifiesta en la comisión de ciertos tipos de delitos realizados por, en términos de Ruggiero (2015), personas poderosas.
Con respecto a la primera de estas dimensiones en este caso de estudio, si bien es menester señalar que el crecimiento de los mercados ilegales de drogas ciudad de Rosario —al igual que otras grandes urbes de la República Argentina— está relacionado con el aumento en los índices de consumo de sustancias de este tipo por parte de los sectores medios y altos de la sociedad rosarina (Sain et al, 2019), el caso de Marcelo “Coto” Medrano representa las lógicas que imperan en la venta de drogas en los barrios más vulnerables de la región, en donde la violencia, a diferencia de lo ocurre en otras ciudades del país o de América Latina, se torna un elemento estructurante. Asimismo, permite entender el origen social de ciertas figuras abocadas al gerenciamiento de estos emprendimientos ilícitos en los espacios sociales donde se concentran la mayor parte de los indicadores de violencia —homicidios y heridos con armas de fuego— en términos etarios, educativos y socio-ocupacionales. Tanto el accionar de Medrano como el de otros referentes delictivos de la región constituye una de las caras de este fenómeno, que tiene como principal manifestación la alta frecuencia y visibilidad de los hechos que llevan a cabo.
Por su parte, la segunda dimensión del narcotráfico tiene que ver con la participación de profesionales con alto prestigio social, cuyo perfil criminal no tiene ningún tipo de relación con el del narcotraficante ya mencionado, —con excepción de los ingresos obtenidos por este último que fueron recibidos por los integrantes de esta “firma” financiera. Retomando el concepto de mercados ilegales de Bergman (2016), este hace referencia a la comercialización de bienes y servicios ilegales, ya sea porque su intercambio se lleva a cabo incumpliendo ciertos marcos regulatorios (Mayntz, 2017).
Ahora bien, lo que es interesante observar en este caso es a partir de qué delitos estas personas inciden en el funcionamiento de los mercados ilegales de drogas de la región. Al respecto, se puede mencionar, en primer lugar, recuperando el aporte de Sutherland (1949), que en el accionar de los responsables de esta agencia se observa la comisión de distintas conductas delictivas que pueden ser concebidas como lo que el autor denomina “delito de cuello blanco”. Esto se debe a la posición social de los responsables de esta agencia y a la comisión de ilegalidades que van más allá del lavado de dinero como la tenencia ilegal de documentos nacionales de identidad para la compra “oficial” de divisas, que luego podían ser utilizados para distintos tipos de acciones financieras, así como la no inscripción de esta firma en el Banco Central de la República Argentina como agencia de cambio, lo cual la convierte en un espacio ilegal para la venta y compra de dólares.
Asimismo, la relación entre Medrano y los integrantes de la “firma” Cofryco también permite recuperar el aporte de Green (1990) sobre el concepto de ocupación criminal. El autor menciona que lo que define a la misma es el desarrollo de una función de carácter legal. En este sentido, el accionar de las personas involucradas en el funcionamiento de esta supuesta firma financiera puede encuadrarse bajo la categoría de “delito ocupacional profesional”, ya que tanto el delito de lavado de dinero, así como las irregularidades detectadas en torno a la venta y compra de divisas representan acciones delictivas llevadas a cabo por profesionales en el desarrollo de sus trabajos legales. Esto demuestra, además, el continuum entre ilegalidad y legalidad señalado por Ruggiero (2005) en su noción de “bazar”, ya que en este caso queda en claro la forma en la que lo legal e ilegal se mezclan y superponen. Asimismo, deja en evidencia cómo este tipo de emprendimientos ilícitos involucra a personas pertenecientes a los estratos bajos y altos de una sociedad.
En suma, el presente caso permite observar que la venta de drogas en la región cuenta de dos dimensiones. La primera, relacionada a la comisión de acciones violentas con un fuerte grado de repercusión pública que tiene que ver con el funcionamiento de los grupos criminales dedicados a esta actividad delictiva. Y la segunda vinculada al accionar de personas de alto prestigio social, que en el curso de sus profesiones llevan a cabo conductas delictivas denominadas como delitos de cuello blanco.
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