Autogestión y modo de producción en clave socialista

El presente trabajo busca analizar la cuestión de la autogestión y el modo de producción, desde una mirada más profunda, en clave de transición socialista. Para este fin, el artículo indaga en torno a la cuestión de la incompatibilidad de las fuerzas productivas del capital con un proyecto socialista y la dificultad de implementar un modelo de autogestión a partir de las fuerzas productivas del capital. De esta manera, el objetivo es brindar nuevas pistas de reflexión en torno al modelo productivo capitalista, a fin de identificar determinadas características intrínsecas a este modo de producción. En este sentido, algunos interrogantes que guían la reflexión de este artículo son: ¿Es posible garantizar un verdadero proceso de autogestión, orientado hacia la satisfacción de necesidades sociales, y la participación comunitaria en el proceso productivo, con la sola abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la consiguiente apropiación de las fuerzas productivas por los propios trabajadores autogestionados? ¿Es la autogestión compatible con el aparato productivo capitalista? ¿Pueden superarse la organización jerárquica del trabajo, la distinción entre tareas de concepción y ejecución, la división entre trabajo manual e intelectual, y prácticas destructivas del medio ambiente, a partir de la apropiación de las fuerzas productivas del capital, aunque para una finalidad diferente? Asimismo, uno puede preguntarse ¿Es posible desmercantilizar la producción y reorientar la producción hacia la creación de valores de uso a través de la utilización del paquete tecnológico diseñado para la acumulación del capital y extracción de la plusvalía?

En relación con estos cuestionamientos, al autor brasilero Henrique T. Novaes (2015) nos plantea en su libro El fetiche de la tecnología que la lucha por la gestión de los medios de producción por los propios trabajadores asociados no debe limitarse a la implementación de mecanismos participativos de toma de decisiones bajo principios democráticos --tales como una persona un voto-- sino que se requiere, también, una radical transformación de las fuerzas productivas concebidas por el sistema de reproducción del capital. En este aspecto, Novaes (2015) disputa la manera en que el concepto de fuerzas productivas fue entendido por el marxismo tradicional como algo independiente de las relaciones sociales de producción que le dieron origen y por consiguiente, como neutrales. O sea, como si la misma respondiera en su concepción a una lógica lineal de desarrollo desprovista de todo tipo de condicionamiento político, social y económico. Novaes (2015) extiende esta crítica a experiencias más contemporáneas como aquellas de empresas recuperadas por los trabajadores. El autor observa que las problemáticas ligadas a la tecnología se encuentran generalmente asociadas a un problema de obsolescencia o falta de actualización, asumiéndose de esta manera la compatibilidad de la autogestión con el aparato tecnológico del capital. Sin embargo, Novaes (2015) considera que la creación de formas de trabajo no alienado y una sociedad productora de valores de uso no puede desarrollarse a través de la apropiación de tecnologías capitalistas ya que su uso imposibilitaría una verdadera alteración de la organización capitalista del proceso de trabajo y objetivos de la producción.

Muchos de estos postulados de Henrique T. Novaes se desprenden del pensamiento sobre el “socio-metabolismo del capital” desarrollados por el teórico marxista de origen húngaro István Mészáros. Arduo defensor de la autogestión, Mészáros (2005) afirma la incompatibilidad de la ciencia y la tecnología capitalista con un proyecto socialista autogestionario debido a la manera en que los imperativos del capital y su búsqueda exacerbada de extracción de la plusvalía han modelado las fuerzas productivas, su forma de organización del trabajo y los objetivos de la producción. Según Mészáros (2005; 2011), la abolición de la propiedad privada de los medios de producción es tan solo un prerrequisito de toda transición socialista. En tal sentido, el autor plantea que la “expropiación de los expropiadores” debe ser acompañada de una radical reestructuración de las fuerzas productivas modeladas por la lógica de acumulación capitalista. Al contrario, la apropiación de manera acrítica de los medios de producción del capital implicaría reproducir la división del trabajo inherente al mundo del capital y la continua producción de valores de cambio, en lugar de objetivos socialmente definidos. Esto se debe a que las fuerzas productivas forman parte del complejo entramado del socio-metabolismo del capital, el cual se encuentra compuesto por diferentes partes intrínsecamente relacionadas y que se soportan mutualmente. De acuerdo con esto, ninguna de las partes podría funcionar con la misma coherencia y eficacia fuera de dicha totalidad para la cual fue concebida.  Por esta razón, el autor se posiciona a favor de una completa reestructuración tanto en el plano de la redistribución como de la producción a fin de garantizar un modo de producción alternativo, garante de la autogestión, en armonía con la naturaleza y promotor de un trabajo no alienado.

Tras la llegada de la Revolución cubana en 1959 y luego de un breve periodo de diversificación agrícola, autosuficiencia alimentaria, redistribución de la tierra a pequeños campesinos y creación de cooperativas, se implementa en Cuba una política de modernización agrícola comparable a la agricultura industrial capitalista y los principios de la llamada “Revolución Verde”. Abandonado el proyecto de autosuficiencia alimentaria, la Revolución se orienta hacia la producción a gran escala de un número reducido de monocultivos de exportación, a través de la implementación de una gran cantidad de insumo agroquímicos y un elevado nivel de mecanización. El cultivo predominante será la caña de azúcar y la misma será producida principalmente en las sobredimensionadas Granjas Estatales bajo un modelo de gestión centralizada (Palma, et al. 2015). Este modelo de producción agrícola comienza a configurarse de cierta manera a partir de 1963 luego de la implementación de la segunda reforma agraria. Tras un intenso debate entre nacionalización o reparto de la tierra, la balanza se inclina finalmente a favor de la gestión estatal (Arias Guevara, 2006). El control de más del 70% de las tierras agrícolas del país por parte del Estado facilitará la producción a gran escala característica de la agricultura moderna. A esto se suma el acercamiento y firma de nuevos tratados comerciales entre Cuba y la Unión Soviética a partir de los cuales Cuba se posiciona como productor de materias primas, principalmente de azúcar. La URSS se compromete a comprar el azúcar cubano a un precio más favorable que el del mercado internacional y facilita el acceso de Cuba a insumos, alimentos y maquinaria soviética. Así, tanto el retorno a la caña de azúcar como eje del desarrollo y la producción a gran escala en las Granjas Estatales favorecen la implementación de una política de industrialización agrícola caracterizada por la especialización en monocultivos de exportación, el latifundio, el empleo masivo de productos químicos, la mecanización y el alto consumo de energía (petróleo) para aumentar la productividad (González, 2003).

A grandes rasgos, y a pesar de diferentes matices de la política agraria en varios momentos históricos de la Revolución --que lamentablemente no pueden ser profundizados en este artículo porque no es el propósito del mismo pero sobre lo cual abunda el material bibliográfico-- se puede decir que en materia social la Revolución logra avances notables en la mejoría de las condiciones de vida del campesinado y el proletariado rural. De este modo, se obtiene una mejor redistribución de la riqueza, se reduce la pobreza, se disminuyen las desigualdades, se elimina casi por completo el analfabetismo, se extiende la cobertura social a la totalidad de la población y, se afianzan la educación y la salud como bastiones de la Revolución (Palma et al., 2015; Rodríguez, 1987). Sin embargo, el desarrollo de la agricultura industrial entre 1963 y finales de 1980 trae consigo una serie de paradojas. En este sentido, la industrialización de la agricultura conduce en cierta medida a la reproducción de determinadas características del modelo precedente, principalmente en términos de tamaño de la explotación, régimen de cultivos, organización del trabajado y modelo de gestión (Vasconcelos, 2016). Asimismo, la modernización agrícola se logra sobre la base de un alto grado de vulnerabilidad, elevado costo ambiental, discutible rentabilidad y persistente división entre trabajo manual e intelectual.  A esto se suma la alta dependencia externa para la obtención de insumos agrícolas, maquinarias y alimentos (Gürcan, 2014).

Entre los costos ambientales, se observa erosión, salinización y compactación de los suelos, deforestación, contaminación de aguas subterráneas, pérdida de biodiversidad, reducción de la materia orgánica y caída de la fertilidad de las tierras cultivables. Asimismo, aunque se goza de una mejor alimentación, la seguridad alimentaria de la población depende de la exportación de azúcar, tabaco o cítricos para financiar luego la importación de alimentos. Tales importaciones representan 55% de las calorías consumidas, 50% de las proteínas y 90% de las grasas. Esto se ve agravado por el hecho que la producción doméstica de cultivos de exportación depende a su vez de la importación de fertilizantes (48%), pesticidas (82%), alimento para el ganado (97%) y maquinaria agrícola. A esto se agrega la dependencia comercial hacia los países del bloque socialista, especialmente la Unión Soviética, los cuales representan 81% de las exportaciones cubanas y 83% de las importaciones (González 2003; Gürcan, 2014; Palma et al., 2015).  Además, a pesar de la introducción masiva de maquinaria agrícola y la utilización intensiva de productos agroquímicos en las Granjas Estatales con el fin de aumentar los rendimientos agrícolas y beneficiarse de economías de escala, los resultados obtenidos en términos de productividad no son proporcionales a las inversiones realizadas y a partir de los años 1980 comienzan a registrarse los primeros signos de agotamiento del sistema organizativo y tecnológico de la agricultura industrial en Cuba (Raymond, 2002; Arias Guevara, 2006; Palma et al., 2015). Contrariamente, a pesar de la menor inversión en insumos y tecnologías agrícolas modernas, tanto cooperativas como campesinos independientes registran mejores resultados y mayor productividad que el sector estatal durante este periodo (Benjamin et al, 1987).

Asimismo, la desaparición de los mecanismos coercitivos del periodo prerrevolucionario marcadas por la pobreza rural, la concentración de la tierra en pocas manos y un alto grado de desempleo estructural se transformó tras la llegada de la Revolución y la nueva política igualitaria y redistributiva, en penuria de trabajadores, ausentismo, indisciplina laboral, baja motivación y caída de la productividad. El gobierno cubano buscó remediar tales problemáticas ya sea a través de la implementación de incentivos materiales, la movilización de trabajo voluntario para el corte de la caña de azúcar o el aumento de la mecanización (Vasconcelos, 2016). Sin embargo, ninguna de las medidas implementadas se cuestionaba el propio modelo agrícola industrial del sistema capitalista como el eje del problema. Tal problemática nos remite de nuevo al pensamiento de Mészáros (2011), quien plantea que la socialización de los medios de producción no es condición suficiente para garantizar la motivación y aumento de la productividad del trabajo si la misma no se acompaña de una democratización y control real sobre el proceso productivo por parte de los trabajadores con capacidad para decidir qué y cómo producir. Al haber sido relegada la autogestión como herramienta de construcción del socialismo, toda la atención fue focalizada en el Estado como elemento de transformación. La consolidación del predominio de la empresa estatal y el alto centralismo administrativo con trabajadores sometidos a una jerarquía institucional en donde se limita su participación y se reduce su responsabilidad a la sola ejecución de las tareas que se le confían por parte de aquellos en posición de autoridad, conllevó a rendimientos poco satisfactorios debido a la ausencia de espacios de participación, responsabilidad e iniciativa popular (Arias Guevara, 2006).

La crisis desatada por la caída de la Unión Soviética en 1991 puso en evidencia la fragilidad de la agricultura industrial, altamente dependiente de insumos externos para su propio funcionamiento y centrada en la producción de monocultivos de exportación para luego financiar la importación de alimentos. Para la historiografía cubana, esta época se conoce como “Periodo Especial en Tiempos de Paz” ya que el país vive una situación de austeridad similar a la de un contexto de guerra, con una drástica caída del PIB, penuria energética y escasez de alimentos. En lo que respecta al sector agrícola, se registra la abrupta caída en la importación de fertilizantes químicos en un 77%, de pesticidas en un 60%, alimento para el ganado en un 70% y de petróleo, esencial para el funcionamiento de la maquinaria agrícola, en un 50% (Rosset y Benjamin, 1994; Altieri et al. 1999). Asimismo, no solo la producción doméstica disminuye debido a la falta de insumos agrícolas, sino también la importación de alimentos procedentes de la ex Unión Soviética, la cual representaba 66% de las necesidades alimentarias de la población (Argaillot, 2014). En este contexto, el sistema agrícola basado en la producción a gran escala de un número reducido de monocultivos de exportación y altamente dependiente de la importación de fertilizantes químicos, pesticidas, maquinaria y petróleo demostró ser altamente vulnerable e ineficaz para ayudar a sobrepasar la crisis.

A pesar de la gravedad de la situación, surge durante este periodo un amplio proceso de reestructuración del modo de producción agrícola y consolidación de nuevas fuerzas productivas, sobre la base de una economía más plural y diversa. De este modo, fruto de la convergencia entre acción estatal y creatividad e innovación social comunitaria, empieza a germinar una nueva matriz económica en la agricultura cubana tendiente a reactivar la producción alimentaria y paliar los efectos de la crisis dentro de un marco acorde a los principios socialistas. Esto lleva a que se incorporen nuevos actores a la esfera productiva, los cuales no pertenecen ni a la economía estatal ni a la economía privada capitalista, y que se encuentran en su mayoría en mejor armonía con la naturaleza (Hanon, 2015). Así, la reorganización de las fuerzas productivas da lugar a proyectos de agroecología, permacultura, agricultura urbana y producción orgánica. La agricultura se descentraliza, se reduce la escala, se autorizan los mercados campesinos, se otorga mayor autonomía a los productores y se crean nuevas formas de organización cooperativa. Tecnologías más sostenibles se desarrollan y se promueve la sustitución de insumos químicos por insumos biológicos y la utilización de recursos locales. Emerge también un movimiento de recuperación de conocimientos tradicionales campesinos y procesos más horizontales y participativos de innovación social y producción colectiva de conocimiento desde las propias comunidades y actores implicados en el proceso de producción agrícola. Asimismo, la producción agrícola se reorienta hacia la producción de alimentos para el mercado local en lugar de monocultivos de exportación (Arias Guevara, 2006; Gürcan, 2014; Palma et al. 2015).

De esta manera, se abre el camino para un cambio de paradigma respecto al modo de producción hacia lo que algunos autores califican como una agricultura “intensiva en conocimiento”. Altieri y Toledo (2011), por ejemplo, se refieren a este proceso como una revolución agroecológica que abarca aspectos tecnológicos, epistemológicos y sociales ya que se prioriza el conocimiento y experimentación campesina por sobre la inversión intensiva en capital y se consolida un nuevo modelo agrícola basado en la conservación de recursos naturales, la producción de alimentos y la utilización de insumos locales. Esto lleva a que se promueva la construcción de sistemas agrarios más complejos fundados en la diversificación agrícola, la producción a pequeña escala y la implementación de técnicas más respetuosas del medio ambiente como la rotación de cultivos, la agroforestería, el control natural de plagas y el uso de abonos verdes (Altieri y Toledo, 2011). Así, el paquete de conocimientos estandarizados provenientes de arriba hacia abajo es remplazado por formas de producción de conocimiento y generación de nuevas tecnologías de manera más horizontal, participativa y flexible, basados en la innovación comunitaria y formas de intercambio de saberes de campesino a campesino. Se implementa de nuevo la tracción animal, emergen los huertos urbanos, se desarrollan diversas formas de agricultura orgánica y se busca la implementación de soluciones adaptadas a las características y necesidades de cada región particular (Holt-Giménez y Altieri, 2013).

En este contexto de promoción de formas alternativas de producción agrícola surge el Organopónico Vivero de Alamar, una de las experiencias más destacadas en Cuba de agricultura urbana. Fundado por 5 cooperantes en 1997 en las afueras de la ciudad de La Habana sobre 800m2 de tierra, veinte años después, el vivero estaba compuesto por 170 miembros sobre una superficie ligeramente superior a 10 hectáreas. La particularidad del Vivero de Alamar radica tanto en su orientación hacia la satisfacción de necesidades sociales, como sus técnicas de producción más respetuosas del medio ambiente y los principios democráticos, participativos y cooperativos que la rigen (Gürcan, 2014; Fernández Domínguez, Cruz Reyez y Arteaga Hernández, 2007). Al funcionar bajo la forma de UBPC, el Organopónico Vivero de Alamar consiste en una novedosa modalidad de gestión cooperativa de la propiedad social en usufructo. Inexistentes en el periodo previo a los años 1990, las UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa) son creadas por el Estado cubano en 1993 con el objetivo de descentralizar la producción agrícola sin por lo tanto emprender un proceso de privatización de la tierra. De este modo, las Granjas Estatales son subdivididas en pequeñas parcelas productivas y entregadas en usufructo para su gestión a los propios trabajadores organizados en cooperativas, con el objetivo de incrementar la producción a través de la reconexión del hombre a la tierra y los frutos de su trabajo (Arias Guevara 2006; Hanon, 2015).

Más allá de los enormes logros y avances en materia social y de desarrollo humano, el estudio de la trayectoria agrícola de la Revolución cubana desde mediados de los años 1960 hasta finales de 1980 nos permite observar las rupturas y continuidades con el modelo precedente en lo que respecta al modo de producción y por ende, los límites de un proyecto de construcción socialista basado esencialmente en la lucha contra la pobreza, la redistribución más igualitaria de la riqueza y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción sin emprender una radical transformación del aparato productivo. Esto nos remite al pensamiento de Mészáros (2011) quien afirma que la abolición de la propiedad privada de los medios de producción no es una condición suficiente para garantizar la consolidación de una sociedad socialista si las fuerzas productivas y el modelo tecnológico heredados no son igualmente transformados. Desde esta mirada, se puede decir que Cuba se focalizó casi exclusivamente en la mejor redistribución de las riquezas, sin emprender por lo tanto un cambio profundo del modo de producción, las tecnologías implementadas y la forma de organización del trabajo, lo cual a su vez trajo aparejados impactos negativos en términos de productividad, motivación laboral, deterioro ambiental, y dependencia externa.  

Tal situación pone en evidencia la pertinencia de los postulados Mészáros (2011) sobre la necesidad de acompañar la transición socialista de una crítica radical del modo de producción del capital y por ende, de implementar una reestructuración de todas sus partes constitutivas con el fin de establecer una nueva totalidad coherente, un nuevo “socio-metabolismo”, más acorde con relaciones socialistas de producción. Esto requiere que se implemente una transformación tanto del plano de la redistribución como de la producción, implementado un modelo tecnológico alternativo, fruto de la participación popular, diseñado para la satisfacción de necesidades sociales, bajo el control de los trabajadores y capaz de garantizar un trabajo más satisfactorio y creativo. Ya que las tecnologías adoptadas predefinen el abanico de posibilidades y elecciones futuras, parece difícil garantizar una genuina restitución del aparato productivo a los productores asociados, con capacidad para controlar de manera autónoma sus condiciones de trabajo, junto al qué y cómo producir sin emprender en paralelo una profunda reestructuración de las fuerzas productivas. En consecuencia, resulta fundamental que todo proyecto de construcción socialista se acompañe de la edificación de un modo de producción alternativo, en donde la división capitalista del trabajo de concepción y ejecución sea superada, la distinción entre trabajo manual e intelectual abolida y el sentimiento de alienación reemplazado por un trabajo fuente de expresión personal y autorrealización. Esto, a su vez, permitiría la consolidación de un sistema productivo destinado a la satisfacción de las necesidades sociales sin por lo tanto tener que recurrir a mecanismos coercitivos para incrementar la productividad del trabajo o la implementación de incentivos puramente materiales, ya que la producción reposaría sobre la base de un trabajo digno, diverso y creativo. En otras palabras, esto implicaría la edificación de una sociedad socialista sustentada sobre un modo de producción construido en base a incentivos políticos de participación y democratización intrínsecos a la autogestión, como también de sentimientos de autorrealización y expresión individual gracias a la constitución de fuerzas productivas alternativas tendientes a la recalificación laboral y democratización de la gestión del aparato productivo.

Desde América Latina tales postulados en cuanto a la necesaria reestructuración de las fuerzas productivas podrían pensarse en términos de resignificación de prácticas contrahegemónicas desarrolladas por movimientos sociales y actores de la economía social y solidaria, como también la recuperación de conocimiento ancestral proveniente de comunidades indígenas, marginalizados por la lógica de reproducción del capital, pero con un gran potencial a la hora de pensar en modos de producción alternativos capaces de sobrepasar el carácter destructor y alienante de las fuerzas productivas del capital. Esto a su vez implica reconocer la existencia de otros modelos tecnológicos y proyectos de innovación social coexistiendo con el sistema dominante, que aunque despreciados por la lógica económica hegemónica, ofrecen alternativas para la constitución de otro modo de producción. En este sentido, Feenberg (2002) y Novaes (2015) consideran que debemos reconocer que las elecciones que se hacen en torno a la tecnología no corresponden a una mera evolución o proceso de “selección natural” en la cual la opción más apta sobrevive, sino que corresponde más bien a la imposición de una posible configuración frente a muchas otras como resultado de una lucha entre diferentes proyectos y modelos de desarrollo.