Medios públicos y kirchnerismo. Radio Nacional, aumento presupuestario y pluralidad de voces

Los gobiernos kirchneristas que se sucedieron en Argentina del año 2003 al 2015 se insertaron en un contexto regional de cambios políticos (también sociales y económicos, de distinto tenor y caracterización). Esta transformación política regional pudo definirse con el surgimiento de los gobiernos progresistas o de nueva izquierda en diferentes países de la región latinoamericana¹ . Estos modelos se caracterizaron, según Cameron (2009, p. 3), por la presencia de líderes políticos y partidarios que utilizan el poder del Estado para mermar el de los mercados, modifican las relaciones Estado-sociedad, apelan a construcciones de “lo popular” en su discurso político y tienen un compromiso con la democracia electoral.

Sobre los mismos gobiernos, Badillo, Mastrini y Marenghi (2012, p. 107) sostienen tres características principales: el rol intervencionista del Estado como regulador y como productor; “la preocupación –al menos retórica y a menudo sustantiva- por la redistribución y la justicia social”; y el impulso del espacio público y de la sociedad civil como un espacio de disputa política.

Así como estos rasgos definen la actitud de política económica, y social de estos movimientos, también lo hacen con sus políticas de comunicación. Para Kitzberger (2010, p. 7) que estos gobiernos definan a los medios de comunicación como un ámbito de expresión y de sostenimiento de las prácticas, los sentidos y sentimientos de los movimientos neoliberales constituye la piedra basal sobre la que se disparan tres líneas de acción para intervenir en este ecosistema. La primera de ellas se relaciona con la actitud crítica hacia los principales actores del sistema de medios de comunicación, la segunda consiste en la participación activa en el “mercado” de discursos con una voz presente a través de un estilo de comunicación pública directa y la tercera es la re-regulación del sistema.

El mismo autor sostiene que el nuevo esquema regulatorio diseñado por estos gobiernos populistas persigue tres tipos de objetivos que se manifiestan en diferente grado en cada una de ellas: la limitación a la concentración del mercado, el empoderamiento de los medios públicos y el reconocimiento del sector comunitario o sin fin de lucro como sujeto del derecho a la comunicación. Natanson (2010, p. 51) suma una cuarta característica y es que en algunos casos –como en Ecuador- estas nuevas leyes² se acercan “peligrosamente” al control de contenidos.

El objeto del presente trabajo lleva a detenerse en la segunda de estas características: el empoderamiento o relanzamiento de los medios públicos. Como parte del objetivo de los movimientos políticos de transformarse en sujetos activos del “mercado de discursos” en los medios de comunicación, se han reforzado y creado distintos sistemas de medios públicos a lo largo del continente³ . En algunas ocasiones, estos sistemas proponen nuevas fuentes de financiamiento y de gestión que los hacen independientes de los humores de los gobiernos de turno como el caso de la Empresa Brasilera de Comunicación (Murilo, 2010, p. 26). Sin embargo, gran parte de estas experiencias muestra una continuidad con las líneas de gestión y de concepción de los medios públicos en la región: la instrumentación de los mismos para la expresión de las políticas y los discursos gubernamentales (Kitzberger, 2010; Natanson, 2010; Murilo, 2010).

LRA 1 Radio Nacional nació, bajo el nombre de Radio del Estado, en julio de 1937 en la ciudad de Buenos Aires por iniciativa privada y luego de más de quince años de exclusividad del sector comercial en la actividad radiofónica. La Editorial Haynes, de dueños ingleses, era la titular de Radio El Mundo cuando decidió entregarle al Estado un edificio acondicionado y equipado para la transmisión de mensajes sonoros. El motivo de esta decisión fue que bajo las condiciones bajo las cuales la editorial se convirtió en adjudicataria de su licencia se encontraba la obligación de ceder dos horas de programación al Estado. En épocas de férrea competencia comercial por imponer modelos de financiamiento, El Mundo no podía permitirse perder horas de contenidos propios (Mastrini, 2009).

El principal antecedente de una emisora estatal en Argentina se encuentra en 1927 cuando la esposa del por entonces presidente, Marcelo T. de Alvear, lanzó LOS Radio Municipal para transmitir música clásica.

A lo largo de su historia, Radio Nacional atravesó distintos modelos de gestión e integración con el resto de los medios y emisoras públicas, siempre con una marcada línea editorial apegada a las políticas públicas y al gobierno de turno. La ley N° 14.241, sancionada en 1953 por Juan Domingo Perón, creó el Servicio Oficial de Radiodifusión que conformó la red de emisoras estatales cuya finalidad era “contribuir a consolidar la unidad espiritual de la Nación –exaltando tradiciones y sentimientos patrios- y jerarquizar los programas mediante transmisiones calificadas que ayudaran a difundir la acción del Estado”. El SOR confirmó el espíritu gubernamentalista que la emisora nunca abandonaría y además estuvo impedido de vender espacios publicitarios: su financiamiento se dividió entre el presupuesto nacional y contribuciones de las redes privadas. Además, la misma ley creó el Servicio Internacional de Radiodifusión (SIR) que cumpliría con la misma finalidad pero para el extranjero (Mastrini, 2009, p. 94).

El esquema de financiamiento de Radio Nacional se verá modificado en 1972 cuando el gobierno de facto presidido por Alejandro Lanusse le permita incorporar publicidad a través del Decreto-ley N° 19.798. Durante la dictadura militar del autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) el SOR estuvo controlado por la Secretaría de Comunicaciones que se encontraba bajo la órbita del Ejército. En esos años, Radio Nacional contaba ya con 40 filiales distribuidas por el país aunque, según la ley N° 22.285, debía tener un rol complementario de la actividad privada y, nuevamente, se veía impedida de incorporar publicidad a su programación (Mastrini, 2009, p. 181).

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo un discurso de confrontación con algunas de las principales empresas de medios de comunicación en el país pero una política (entendida como las acciones de regulación, control y gestión del sistema de medios) que se mostró alejada de la belicosidad y cercana a las prácticas de los gobiernos precedentes (Marino y Mastrini, 2008:80). El enfrentamiento con el sector rural, la pelea pública con el Grupo Clarín y el proceso de discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) Nº 26.522/09 significaron una acentuación en el discurso crítico de los principales medios de comunicación, el impulso de medidas regulatorias pro-desconcentración del sistema mediático y el refuerzo del carácter gubernamental de los medios públicos para llevar la visión oficial de los acontecimientos políticos, sociales y económicos. Ya eran tiempos del gobierno de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

De esta forma, puede decirse que al poco tiempo su asunción a la presidencia se conjugó una tríada que confirma la caracterización realizada por Kitzberger (2010). Uno de los principales cambios producto de esta situación será la transformación de los medios públicos. Con la sanción de la LSCA el sistema cambiará su estructura y las decisiones políticas de impulsarlos como canales de difusión de la construcción discursiva gubernamental modificarán su presupuesto así como acentuarán el carácter clientelar de sus contenidos –en algunos casos-.

La LSCA sancionada en 2009 creó un nuevo organismo de gestión de los medios públicos. El artículo nº 119 instituyó bajo la órbita del Poder Ejecutivo a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) que se encarga de “administrar, operar, desarrollar y explotar los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional”. Nuevamente, como en los casos históricos relatados en el apartado anterior, el manejo de los medios públicos queda a disposición del Presidente argentino.

El artículo nº 121 anuncia los objetivos de este ente (promover los derechos humanos, la identidad nacional, el pluralismo político y cultural, garantizar la cobertura nacional, entre otros). Además, el artículo nº 122 le otorga obligaciones como producir contenidos educativos, culturales y científicos; utilizar diferentes plataformas de distribución; asegurar la cobertura de temas de interés público; difundir las actividades de los diferentes poderes del Estado; instalar repetidoras en todo el territorio nacional; y celebrar convenios de “cooperación, intercambio y apoyo recíproco” con otras entidades públicas u organizaciones civiles. En cuanto a los contenidos, el artículo nº 123 indica que debe cumplir con un mínimo de 60% de producción propia y un 20% de producción independiente en cada uno de los medios que la integran.

Por otro lado, como indica Linares (2014, p. 164), se crean instancias participativas y diversas para el control y la gestión. RTA S.E. es dirigido por un directorio compuesto por 7 miembros que deben responder a distintos sectores del ámbito político (uno propuesto por cada una de las tres primeras minorías del Congreso nacional) y suma representación de las universidades nacionales. Además exige la alta calificación profesional como requisito previo a la aprobación de sus integrantes. Más allá de esto, es necesario destacar que el Poder Ejecutivo mantiene la responsabilidad de designar directamente a tres integrantes (el presidente y dos directores –uno por minoría en el Congreso-) y la posibilidad de vetar o impulsar postulaciones (por ejemplos las correspondientes al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual) lo cual le otorga un gran poder de control sobre el organismo. De todas formas, los cargos tienen una duración de cuatro años que debe tener una diferencia de dos años con los mandatos presidenciales lo cual genera una herramienta que contrarresta los altos niveles de influencia del Ejecutivo.

Una de las principales innovaciones que impulsa la LSCA es la creación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que tiene como finalidad el control de RTA S.E. y la promoción de la participación ciudadana en la evaluación y elaboración de planes propuestos al organismo. Está compuesto por 17 integrantes nombrados por el Poder Ejecutivo y contempla la participación de universidades, sindicatos, ONG’s, el Consejo de Educación, gobiernos provinciales, pueblos originarios y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la infancia. En el rubro innovaciones también se encuentra la obligación para el directorio de RTA S.E. de aprobar un código de ética (art. 134).

Para el financiamiento, la ley establece en su artículo nº 136 que se dividirá entre partidas presupuestarias del Estado nacional, el 20% del impuesto creado por la ley a los medios privados, la venta de publicidad y donaciones.

A la reforma institucional de los medios públicos argentinos sucedida en el 2009 con la sanción de la LSCA se sumó el aumento de la inversión presupuestaria destinada por el Estado. Como lo marca la letra de la ley, una de las formas de financiamiento del ente que incluye a Radio Nacional es la partida presupuestaria derivada de forma directa a través del Ministerio de Economía.

Como puede observarse en este cuadro el aumento de los fondos derivados del presupuesto fue una constante mas no así su porcentaje interanual. Tanto el aumento de mayor tamaño (entre 2013 y 2014) como el de menor (entre 2011 y 2012) se dieron en pleno impulso de los medios estatales, post sanción de la LSCA.

Además de la partida presupuestaria, el Estado financia a sus medios con publicidad oficial. El caudal de fondos destinados por la Jefatura de Gabinete –organismo encargado de distribuir el dinero de la pauta oficial- a los medios públicos se comportó de forma inversa al presupuesto nacional. Desde la creación de RTA S.E. esta fuente de ingresos ha perdido volumen, como lo demuestra el siguiente cuadro.

Este aumento de ingresos presupuestarios (más allá de no suceder lo mismo con los provenientes de la publicidad oficial que son menores) generó, a través de una decisión política, una transformación estructural y tecnológica de Radio Nacional. Estas mejoras fueron expuestas por Tristán Bauer, presidente de RTA S.E., en la reunión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual realizada en el 11 noviembre de 2014.

Según los datos provistos por Bauer⁹ , desde 2009 a 2015 se renovaron 40 transmisores de AM y 34 de FM que mejoraron el alcance de las emisoras –sobre todo las que no se encuentran en Buenos Aires que, al momento de la creación de RTA, se encontraban en malas condiciones edilicias y tecnológicas-. Además, de 48 antenas de transmisión se reconstruyeron o renovaron 35. Otro de los avances que enunció el ex presidente en su discurso fue la contratación de personal a través de concursos públicos por primera vez en la historia de los medios públicos y la realización de cursos de capacitación de los cuales participaron 40% de los trabajadores de las radios del sistema de Radio Nacional.

Como indica la letra de la LSCA que crea a RTA y como también lo indican diversos estudios y análisis de medios públicos (Becerra, 2015; Mastrini, 2013; Pasquali, 1991) los contenidos de éstos deben tener pluralidad de voces, diversidad de contenidos y deben estar disponibles para la totalidad de la comunidad en la que se insertan. Estas condiciones se cumplen en diferente grado dentro de Radio Nacional.

El primer objetivo de esta red de emisoras para Leandro La Camera, sub gerente artístico hasta 2015, fue la difusión de las políticas públicas del Estado nacional. “Si la radio pública no difunde las políticas públicas de gobierno, difícilmente lo haga otro medio de comunicación. Esa es una de las principales premisas de nuestra programación”¹¹.

Desde el año 2009, cuando María Seoane se convirtió en la Directora Ejecutiva, Radio Nacional creció en las mediciones de audiencia. De ser la sexta emisora en audiencia con un 2,1% del encendido en marzo de aquel año pasó al 8,3% en julio de 2015, lo cual la convirtió en la cuarta emisora AM más escuchada de CABA¹² . Más allá de los cambios tecnológicos descriptos en el apartado anterior, para La Camera esto se encontró relacionado con una profesionalización de la radio que giró sobre dos ejes. El primero es la incorporación de formatos comerciales a la programación, con esquemas definidos y temáticas al servicio de la audiencia. “Tratamos de parecernos a las radios comerciales desde los formatos. Antes quizás teníamos una entrevista con un sociólogo a las 7 de la mañana y no decíamos nada del estado del subte o del clima”. El segundo eje fue la permanencia de equipos de producción que no se tercerizaron y permitieron a la emisora consolidar una identidad artística.

Más allá de las cuestiones de formato, los contenidos de la emisora pública mostraron algunas diferencias con los de las emisoras comerciales. La incorporación a los staff de los programas de columnistas que trataron temáticas de género, de indigenismo, de derechos humanos, historiadores, sociólogos; programas que cubren la realidad lationamericana (“Voces del sur”); un microprograma realizado por mujeres del Moyano (un centro de internación neuropsiquiátrica); y un servicio informativo federal realizado en colaboración con el resto de las emisoras que forman parte de la cadena de Radio Nacional, mostraron una diversidad de temáticas y de puntos de entrada a la realidad social que diferenció a esta emisora de una comercial por representar a minorías del espacio público.

Si bien existió una política de producción de contenidos diversos que abordaran problemáticas de minorías sociales, la pluralidad política de las voces escuchadas en la emisora fue una característica ausente. Como primer rasgo que muestra la disminuida pluralidad política de Radio Nacional se encuentra la masiva participación de periodistas que trabajaban en otros medios públicos o de estrecha relación económica con el gobierno kirchnerista como Cynthia García, Carlos Barragán, Nora Veiras, Luciano Galende, Hernán Brienza (estos últimos eran asiduos participantes del programa “678” de la TV Pública), Eduardo Anguita (fue editorialista del diario “Tiempo Argentino”, del extinguido Grupo Veintitrés), Roberto Caballero (fundador y editorialista del discontinuado diario “Tiempo Argentino”) o Mario Wainfeld (editorialista de Página 12)¹³. Por otro lado, también participaron de la programación funcionarios públicos como Eduardo Rinesi (fue director de AFSCA) y Vicente Muleiro (fue Sub-director ejecutivo de la radio) o “Mona” Moncalvillo que fue directora de la emisora durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Más allá de esta caracterización de alguno de los principales conductores de la emisora, La Camera define la línea editorial de la radio de la siguiente forma:

Hay una realidad y es que muchos referentes de la oposición no tienen ganas de salir en una radio donde se les hacen preguntas mínimamente críticas. El oficialismo está acostumbrado a que le digan de todo y contesta. A la oposición le hacés dos o tres preguntas molestas y no te salen más. Probablemente acá se les tiran centros a algunos entrevistados. Si yo te digo que priorizamos comunicar las políticas públicas y las políticas del Estado nacional, van a salir los funcionarios que impulsaron y respaldaron estas políticas¹⁴.

Este trabajo buscó dividir en diferentes planos el análisis de uno de los servicios de radiodifusión públicos más importantes de Argentina. Desde la asunción de Néstor Kirchner y, especialmente, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el gobierno de Cristina Fernández, el sistema público de medios de comunicación atravesó transformaciones presupuestarias y estructurales.

La primera de ellas es la creación de Radio y Televisión Argentina S.E. que transformó la institución que gestiona todos los medios públicos del Estado nacional. La novedad de la creación de un directorio con integrantes diversos, aunque con un marcado poder de decisión del Poder Ejecutivo, y de entidades de control autárquicas como el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos fueron reformas que, a largo plazo, pudieron resultar eficaces al momento de controlar de estos medios y fomentar su pluralidad. Sin embargo, a 6 años de la sanción de la ley poco se pudo observar en materia de informes o planes de dichas entidades.

El principal impulso que tuvo Radio Nacional durante los gobiernos kirchneristas fue el aumento de la partida presupuestaria destinada al sistema público de radiodifusión. Con aumentos constantes, aunque irregulares, el dinero proveniente de las designaciones del Ejecutivo nacional constituyó más de la mitad de los ingresos de la emisora (y de todo el sistema). Esto permite concluir que la mentada independencia político-económica de Radio Nacional no se cumplió ya que no sólo su órgano de gestión respondió directamente al Presidente sino también dependió de éste para subsistir económicamente.