La exclusión política y los mecanismos de marginalidad como soporte de la organización y consolidación del Estado Nación Argentino. Un recorrido en clave historiográfica

A partir de la disolución del orden colonial, la construcción de la Nación y la organización del Estado resultó un imperativo creciente en los planes de las elites dirigentes argentinas. En la concepción liberal decimonónica, la fundación de un nuevo orden implicaba necesariamente una noción del ciudadano como parte de la legitimación del régimen político. Para mediados del siglo XIX la puesta en marcha del proyecto hegemónico de los sectores dominantes avanzará en los intentos por suprimir el pasado, apelando a la imagen fundadora de “civilización” y “barbarie” y orientando su voluntad de transformación sobre la base del discurso de progreso. En función de esto, se dará lugar a la construcción de los contornos de la ciudadanía y la estricta demarcación por parte de las elites gobernantes del alcance y la restricción de los derechos civiles y políticos. Las virtudes igualitarias de la pretendida república “abierta” entrarán en constante contradicción con la desconfianza de las elites hacia la “incapacidad” de las masas para determinar el futuro de la Nación. El corolario de estas posturas terminará por definir la instauración de una república “restrictiva”, entendida como el modelo de república “posible” y legitimada a partir de la distinción entre habitantes y ciudadanos.

A partir de lo dicho, este ensayo tiene por objetivo reflexionar acerca de los procesos de exclusión política, sus destinatarios y los fundamentos esgrimidos para explicar los mecanismos de marginalidad que darán sustento a la organización (1852-1880) y consolidación (1880-1955) del Estado Argentino. La intención es analizar y comprender las múltiples formas de exclusión sobre las que se amparan los procesos clasificatorios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se pretende mostrar entonces cómo la imposición coercitiva de una lógica de inclusión excluyente permitió forjar el proyecto hegemónico de las elites dirigentes.  

Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el ya iniciado proceso de exclusión política se constituye como marca de origen de la organización y consolidación del Estado Argentino (Ruffini, 2009). La reestructuración de todos los componentes de la vida social a través de la realización de un plan civilizatorio, estará acompañada de la modernización de la educación, el impulso de un modelo productivo agro-exportador receptor de capitales extranjeros y la intención manifiesta de incorporar al Estado Argentino la llegada de inmigrantes europeos.

Así, la existencia del aparato estatal, como instancia de organización del poder y ejercicio de la dominación política (Oszlak, 1982), implicará inexorablemente la afirmación de un determinada matriz identitaria. En efecto, la delimitación de un “nosotros” traerá consigo la imposición de un sesgo homogeneizador que reducirá la diversidad del cuerpo social a una lógica de la mismidad, en donde se invisibiliza la diferencia y se instituyen los sujetos portadores de los atributos de la “otredad”.  Al respecto, O´Donnell, Iazzetta y Vargas Cullel (2003) señalan que la definición de Estado incluye al menos tres dimensiones posibles; la última de ellas, el estado como foco de identidad colectiva para los habitantes del territorio, nos invita a reflexionar acerca del rol del funcionario político en el establecimiento de la idea de un estado-para-la-nación. Esta afirmación, dirán los autores, se encuentra dirigida al reconocimiento generalizado de un “nosotros” que apunta a crear una identidad colectiva, la cual estará por encima y deberá prevalecer sobre los conflictos y clivajes sociales. Esta dimensión, tan difundida en la Argentina de fines del siglo XIX, nos permite suponer la intención manifiesta de la acción estatal por neutralizar el carácter histórico –y por tanto, conflictivo- que subyace a toda definición y distinción identitaria.

A pesar de la pretensión integracionista, el incipiente proceso de organización del Estado canalizó a través de la figura del ciudadano la imposición coercitiva de múltiples formas de exclusión que legitimaron el nuevo orden social. La díada inclusión/exclusión formará parte de los recursos adoptados por la elite gobernante para implementar el viraje político y la construcción de la Nación liberal. Esto, sumandoconcepto moderno de ciudadanía nos remite necesariamente al reconocimiento de un sujeto de derechos, miembro de la polis y una comunidad política en el marco de un Estado. Ello expresa una de las dimensiones de la ciudadanía, vinculada al status o condición de ciudadano y a los derechos, deberes y privilegios que se derivan de esa condición (Garreton, 2006). Esta noción centrada en la idea del individuo no agota el significado de ciudadanía sino, por el contrario, amplía su perspectiva y nos permite preguntarnos acerca de los matices que adoptó el proceso de ciudadanización en los distintos momentos de nuestra historia. 

Al interior de cada régimen, las características de los actores que son admitidos y excluidos se modifican de acuerdo a las prácticas de regulación y los modos de dominación política. En efecto, toda construcción de la ciudadanía política se establece sobre una lógica inclusiva que funciona como fuente de legitimidad, diseñada a partir del reconocimiento legal y reglado de ciertos atributos y, a su vez, la abdicación y exclusión, también legal y reglado, de ciertos otros. Bajo esta perspectiva, la inclusión es tal por la imposición arbitraria de la exclusión, entendida esta última, como una forma de discriminación negativa que obedece a reglas estrictas de construcción en una sociedad dada (Karsz, 2004).

La organización de las relaciones sociales y la formación de un marco institucional apropiado para sostener la legitimidad del Estado Nación surgirán como consecuencia de la mutua determinación con los diferentes componentes de la sociedad civil. A partir de esta premisa debe situarse el punto de partida del proyecto de las clases dominantes en la construcción del concepto de ciudadanía de fines de siglo XIX y principios del siglo XX.

Para ese momento, la diversidad y extensión geográfica del territorio sumado a la heterogeneidad de su población, constituía una preocupación para las aspiraciones políticas de la generación del ´80. En esa época el funcionamiento de las estructuras administrativas del estado destinó importantes esfuerzos para delimitar e instituir el proceso de formación territorial. La extensión del espacio de dominación de los nuevos estados resultó ser una de las principales características en la construcción del imaginario fundante de la nación moderna. Como nos indica Navarro Floria (2011), el proceso de racionalización del territorio a cargo de los sectores dirigentes trajo consigo la conceptualización de los espacios marginales en tierras remotas, vacíos o “desiertos” inhóspitos.  En efecto, la invención del concepto de “desierto” como representación del sur pampeano-patagónico devino en uno de los dispositivos de “domesticación” propios de esa marginalidad, la cual se utilizará para designar los espacios no dominados e integrados al sistema de explotación, convirtiéndolo en “objeto de diversas prácticas de apropiación, violentas en general, una de las cuales consistió en su vaciamiento humano” (Navarro Floria, 2011: 207).  La imposibilidad de ubicar a estos territorios y sus habitantes dentro de los marcos jurídicos y legales del Estado reducirá la existencia de los pueblos originarios a la imagen visible de la alteridad condensada en lo “salvaje”, en tanto lugar de la diferencia y contracara del orden civilizatorio.

De esta manera, el programa político de la elite dominante se enfocará en resolver la irremediable distancia entre el ansiado “progreso indefinido” y la realidad material de la geografía argentina. Por ello, la transformación en la conceptualización de los territorios no estatales en la imagen del “desierto” resultó una salida posible para disolver esta brecha. La atribución de un discurso de adscripciones negativas acerca del espacio –a través del binomio “desierto”/ “salvaje”- movilizará la crítica a la situación existente con el fin de anticipar y legitimar las acciones destinadas a transformar su condición. Tras la “conquista militar”, el “desierto” dejará de ser un lugar exótico y peligroso para pasar a constituir un territorio árido y despoblado capaz de ser modificado por la acción civilizatoria. Aquí, no solo se invierte la representación inicial del espacio sino que además, se resignifica discursivamente su simbología atribuyendo a su condición nuevas valorizaciones. Esta reconversión en las representaciones constituye un ejemplo manifiesto de los mecanismos de marginalidad propios de la época al que recurrentemente asistirá la acción estatal cuando se disponga a nombrar, suprimir, atribuir y delimitar los contornos de la ciudadanía y la exclusión política.

Vemos entonces, como la situación de los pueblos originarios se encuentra atravesada por una heterogeneidad de prácticas y formas de exclusión que exceden los límites de la exclusión política. A la privación de ciertos derechos se suma la eliminación física y el genocidio como forma de exclusión destinada a la erradicación total y completa de la comunidad (Karsz, 2004).

En la Argentina actual el proceso de construcción de la ciudadanía renueva sus discusiones y nos invita a pensar el entramado societal en el que se asientan los sistemas políticos democráticos. En las últimas décadas, las aspiraciones del régimen democrático tendiente a lograr un orden social más justo e igualitario se ha visto socavada por nuevos tipos y formas de exclusión que ponen al descubierto la endeble y frágil consistencia de los sistemas legales sobre los que se ampara la ciudadanía contemporánea. La institucionalización de las democracias actuales acarrean una serie de dificultades para establecer, respaldar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de amplios colectivos sociales. Asimismo, los desafíos introducidos por la dinámica del mundo globalizado junto al debilitamiento del papel referencial del Estado Nacional, plantean nuevos problemas en torno al resguardo y la reivindicación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población.

Al respecto, podemos decir que el régimen democrático es un componente central de la democracia, pero no agota su significado puesto que interviene en su configuración un modo específico de vinculación entre el Estado y la sociedad civil. Para ser tal, este régimen se afirma sobre una concepción particular del ser humano en tanto ciudadano y agente (O’Donnell, et al., 2003). Esta argumentación tiene implicancias importantes para pensar los procesos de ciudadanización y con ella, la efectividad –o no- que adquieren en la coyuntura histórica actual las políticas públicas destinadas a combatir la exclusión y promover la igualdad social. En otras palabras, el concepto de ciudadanía se presenta ante nosotros como un elemento permeable y dinámico, factible de ser resignificado por la acción de la sociedad civil.